El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la condena de un año y medio de prisión a la exsecretaria de Asuntos Sociales en Camargo, de Ganemos, Jimena González, por malversación de caudales públicos cuando gestionaba la plataforma municipal de alimentos. "En la interpretación de la prueba practicada existe incriminación que desvirtúa la presunción de inocencia", señala la Sala de lo Penal

Así lo establece la Sala de lo Civil y Penal del TSJC en una sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, recogida por Radio Camargo, y en la que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la implicada contra la dictada por la Audiencia Provincial, que también impuso tres meses al voluntario que denunció los hechos y que actuó como su cómplice.

La nueva resolución, que no es firme -aunque la defensa ha avanzado a la citada agencia que no la recurrirá-, reafirma el fallo tras el veredicto del jurado popular que enjuició los hechos en abril del año pasado y que por unanimidad declaró culpables a ambos procesados.

El tribunal consideró probado que la que había sido secretaria de Ganemos y del entonces concejal de Servicios Sociales, Marcelo Campos -que fue expulsado del partido y después del equipo de gobierno municipal-, "entregó vales de compra a personas conocidas suyas sabiendo que no estaban incluidas en las listas de beneficiarios"

En concreto, en 2016 el Ayuntamiento organizó un reparto de 1.200 bonos por importe de 10 euros cada uno, y González distribuyó al menos 160 tickets entre conocidos suyos que no eran beneficiarios y se quedó con unos 30. Se los entregó en mano al codemandado, quien gastó 270 euros en varias compras de productos frescos para ambos.

Así lo determinó la Sección Tercera de la AP, que también inhabilitó a González para cargo público durante tres años y la condenó a indemnizar al Ayuntamiento con 1.600 euros y abonar una multa de unos 1.350. Por su parte, la Sala aplicó al voluntario cómplice las atenuantes de reparación parcial del daño y confesión, condenándole a indemnizar al Consistorio con 270 euros y al pago de 150 euros de multa.

RECURSO BASADO EN HECHOS DE TRES PREGUNTAS DEL OBJETO DEL VEREDICTO

La ex-secretaria de Ganemos y del entonces concejal de Servicios Sociales recurrió la condena e interesó su absolución o, de forma subsidiaria, la eliminación de la agravante de abuso de confianza y la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, extremos a los que se opusieron tanto el fiscal como el Ayuntamiento, que ejerció la acusación particular.

La condenada alegó en su recurso vulneración del derecho a la presunción de inocencia al entender que "carece de toda base razonable" la pena impuesta según tres preguntas objeto del veredicto y, en consecuencia, los hechos -desfavorables a ella- relacionados con las mismas y declarados probados.

Se trata concretamente de la entrega de 30 vales al voluntario que actuó como cómplice y puso después lo sucedido en conocimiento de la Guardia Civil, denuncia "falsa" según González, que alegó interés en "perjudicarla" porque ella le había denunciado con anterioridad, por robo en la nave de la plataforma de alimentos. También esgrimió "contradicciones" sobre cuándo se hizo la compra y cómo se gastaron los vales.

La principal implicada discrepó asimismo de que se declare constatado el uso de un total de 1.143 vales en compras en un supermercado de Camargo y que el importe abonado por el Ayuntamiento ascienda a 11.430 euros, señalando que la factura de la superficie comercial se emitió de forma "unilateral" y a su juicio "no refleja la realidad", añadiendo además la existencia de "errores" en los listados de beneficiarios facilitados.

Y en tercer lugar, González rechazó que se declare probado que dispuso de al menos 160 vales por importe de 1.600 euros entre personas que no figuraban en el listado y negó igualmente que el número máximo de vales a repartir fueran 983.

RESPUESTA DEL TSJC

La Sala de lo Penal del TSJC recuerda en primer lugar que las posibilidades para revisar los hechos probados en esta alzada son "limitadas", ya que por el cauce del recurso de apelación no se puede cuestionar la valoración de los elementos probatorios realizada por el jurado, sino si la valoración llevada a cabo por el tribunal tiene o no base razonable.

Teniendo en cuenta esto, y que la apelación se limita a la discusión de hechos contenidos en tres preguntas del objeto del veredicto y declarados probados por los jurados, el TSJC considera que "se ha superado holgadamente el canon de razonabilidad" tras el análisis de los medios de prueba practicados y llevados a cabo en el juicio oral y para comprobar si puede entenderse desvirtuada la presunción de inocencia.

Se refiere así la Sala a la documental practicada, cosistente en informes de la Guardia Civil, los listados de beneficiarios del supermercado, el cotejo de datos y corrección de errores, con lo que se llega a la conclusión de "la existencia de un número de vales entregados, superior a los permitidos", lo que se realiza -apunta- con conocimiento de la persona que entrega los vales.

Hechos que a ojos de los magistrados se corroboran con diversas declaraciones -del secretario del Ayuntamiento; el concejal Izquierda Unida; el responsable de Servicios Sociales-, con lo que los supuestos denunciados se reflejan en prueba documental, que se corrobora con el resto de la prueba practicada.

"En consecuencia, en la interpretación de la prueba practicada, existe incriminación que desvirtúa la presunción de inocencia", sentencian los jueces.

Y concluyen su respuesta señalando que "lo que realmente se pretende en el recurso es que la Sala de apelación realice una nueva valoración de la prueba testifical practicada en el juicio, lo que resulta improcedente" porque la Sala de apelación, extraordinaria en el procedimiento del Tribunal del Jurado, "no puede invadir la facultad soberana del tribunal de instancia de la valoración de la prueba, y mucho menos puede sustituir el resultado valorativo obtenido" por él.

La ex-secretaria del que fuera edil de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Camargo, Jimena González, ha asegurado en el juicio con jurado por las supuestas irregularidades en el banco de alimentos municipal que éste era gestionado por la Concejalía, y aunque ha admitido que en el reparto de septiembre de 2016 sobraron vales de comida, ha negado que ella -que participaba en el mismo como voluntaria- se los entregara a conocidos suyos o los usara en su beneficio, como sostienen la Fiscalía y el Consistorio.

La acusada declara en el juicio por las supuestas irregularidades de la Plataforma de Alimentos, y asegura que era gestionada por la Concejalía de Asuntos Sociales.

Por esta acusación, la entonces asesora y secretaria de Marcelo Campos (que fue expulsado de 'Ganemos', formación con la que había obtenido el acta de concejal en las Elecciones municipales, y después del equipo de gobierno local) se enfrenta a un año y medio de prisión por supuesta malversación de caudales públicos que pide la Fiscal, que imputa este delito a otro voluntario, como cómplice y para el que solicita seis meses de cárcel.

En su declaración ante el tribunal González ha manifestado que los tickets no se daban "al tuntún", sino conforme a un listado elaborado por técnicos de Servicios Sociales. Se trataba de una tarea que ella hacía como "voluntaria, fuera de mi horario de trabajo, hasta las diez de la noche", ha apostillado.

Ha añadido al respecto que en esa labor participaban los demás voluntarios -todos menos cuatro personas mayores que "no veían las letras"-. Y sobre los vales sobrantes, ha indicado que se dejaban en una carpeta en el Consistorio, concretamente en el despacho que ella compartía con el edil del área, y que "nadie cogió nunca" hasta que fue reclamada por la justicia: "Ahí estaban, cogiendo polvo".

Así, González -para quien la Fiscalía también pide multa de 3.600 euros y que indemnice a la administración local junto con el otro procesado- ha negado que entregara vales a este último. "Nunca. ¿Para que se los iba a dar yo si él era voluntario?", se ha planteado en respuesta a una pregunta de su abogado, al que ha señalado que tanto él como el resto de voluntarios tenían acceso a los tickets.

Y "todos" eran responsables del banco de alimentos, pues ella no tenía asignada "ninguna" función administrativa, de gestión o control. "Yo hacía una tarea de voluntaria. Yo no hacía tareas administrativas, ni para bien ni para mal. O controlo o no controlo. Yo asesoraba al concejal de Servicios Sociales", ha zanjado González, para indicar que la plataforma era una parte "pequeñita" de la Concejalía y que ella "no se encargaba de todo. No me daba tiempo"

Durante la vista, que ha arrancado con la constitución del jurado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la implicada a contestado a preguntas de todas las partes, a las que ha negado que le 'molestara' que sobraran vales, pues no era la responsable del área, sino que ella "seguía órdenes" del concejal.

A lo largo del interrogatorio ha explicado que empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Camargo en junio de 2015, tras las elecciones municipales de ese año. Primero, como asesora política de Marcelo Campos, responsable de Servicios Sociales y dependiente entonces del grupo Ganemos; y después, cuando él fue expulsado del partido, como secretaria del concejal, que era quien tomaba las decisiones, también las relacionadas con el banco, como las entregas de vales y comida.

Según ha relatado, cuando ella empezó a colaborar con la plataforma no había normativa o reglamento que regulara su funcionamiento, y el almacén de alimentos "estaba lleno de ratas y basura", ha apostillado.

REPARTOS DE ALIMENTOS

Ese año hubo un primer reparto, en noviembre, pero ella no participó porque estaba de "vacaciones". Para el siguiente, el de septiembre de 2016 y objeto de este juicio, cambiaron los voluntarios ya que se les obligó a hacer un curso en la materia, por lo que "era imposible elegir a dedo" a nadie.

González sabía cómo funcionaba el banco porque previamente había sido usuaria, y también porque le informaba y se lo explicaba Campos. Además, era la única colaboradora que en ese momento trabajaba en el Ayuntamiento, por lo que "a veces" se encargaba ella de los bonos y otras, el concejal.

De todos modos, ha remarcado que se entregaban conforme a un listado de Servicios Sociales vinculado a otro de Cruz Roja con las personas necesitadas de Camargo, para que adquirieran con ellos productos frescos -carne y pescado- en un centro comercial del municipio. "Ni Marcelo Campos ni yo podríamos modificar ni siquiera el teléfono", ha aseverado.

En esa lista aparecía el número de miembros de la unidad familiar y se establecía un máximo de cinco vales, por valor de 10 euros cada uno. Tope que según González el edil aumentó para dar un bono extra a quienes tuvieran hijos menores de 18 años, por lo que se incrementó la cantidad a 1.200 y la cuantía a 12.000 euros, montante reflejado en las correspondientes factura y partida presupuestaria.

"Yo no pinto nada", ha sentenciado al respecto González, para indicar que "una secretaria no puede firmar una factura", y agregar que, en total, era rubricada por seis personas, "incluida la alcaldesa" (el concejal, el jefe de servicio, el tesorero, el edil de Hacienda, el secretario del Ayuntamiento y la regidora, ha especificado).

En esa fecha, fueron avisados 384 beneficiarios del banco a los que, en teoría, correspondían unos 893 vales en función del número de miembros de la unidad familiar.

Cuestionada por entregas de más de seis vales por familia -hasta 20 en una misma compra según la Fiscalía-, Jimena González ha explicado que se hicieron a personas de etnia gitana que se juntaban para ir a canjearlos y hacer la compra en una misma furgoneta, según ha indicado. Y ha añadido al respecto que no tenían la obligación de presentar el DNI en el establecimiento donde podían adquirir los productos alimenticios.

Frente a ello, sí se exigía el documento de identidad y la firma del beneficiario para la entrega de los vales, proceso del que se encargaban cuatro voluntarios "como mínimo" y se apuntaba "siempre a mano", pues "no había listados impresos" y "se hacía a boli"

BARBACOA Y ENFADO

Por otro lado, y a propósito de la supuesta entrega de 30 vales que la acusada hizo al otro imputado para comprar carne y hacer en septiembre una barbacoa con sus hijos en el camping de Valderredible, Jimena González ha aseverado que fueron invitados por su partido -Ganemos- todos los voluntarios, aunque solo asistieron ellos dos.

Y en cualquier caso, "no se hizo ninguna barbacoa", ya que está "prohibido" en ese establecimiento. "Hicimos filetes a la plancha y perritos calientes" y cada uno llevó "lo suyo" y "de casa" además, ha zanjado.

Sobre su enemistad con el procesado, ha explicado que fue en octubre a raíz de la decisión de cambiar el bombín de la puerta de la nave donde se almacenaban los alimentos por robo, después de que faltaran "varias cajas". Según ha dicho, a partir de ese incidente el otro acusado "se enfadó" con ella y la amenazó con denunciarla, extremo que llevó a cabo en noviembre.

Este segundo acusado declarará en el juicio este martes, junto a parte de los testigos.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha acordado la apertura de juicio oral contra los dos voluntarios del banco de alimentos de Camargo investigados por un presunto delito de malversación con los vales de comida, según informa la Agencia Europa Press. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión para la ex-secretaria del concejal no adscrito Marcelo Campos, Jimena González, que fue cesada en noviembre de 2016, tras detectarse las irregularidades.

El Ayuntamiento de Camargo, que ejerce la acusación particular, eleva la petición a 22 meses de cárcel. La Fiscalía también pide que la que fue secretaria del entonces concejal de Servicios Sociales (expulsado de Ganemos y posteriormente del equipo de Gobierno), indemnice al Ayuntamiento por el importe de vales de comida que repartía entre personas no incluidas en la lista de beneficiarios del Banco de Alimentos, a determinar en ejecución de sentencia y cuyo importe oscila "entre 1.000 y 3.000 euros"

Fiscalía y Ayuntamiento piden para la exsecretaria de Ganemos inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años, y multas que oscilan entre los 3.600 euros que pide la Fiscalía a los 5.040 que solicita el Ayuntamiento, según el auto dictado por el juez Luis Enrique García Delgado el pasado 14 de febrero.

Para el otro voluntario imputado, F.M.P., Fiscalía y Ayuntamiento solicitan seis meses de prisión, inhabilitación de un año y multa de entre 150 y 360 euros. El Consistorio pide además que ambos acusados indemnice conjunta y solidariamente al Ayuntamiento por el importe de vales de comida repartidos irregularmente.

La causa se tramita por el procedimiento de tribunal del jurado, de acuerdo al auto dictado por el juez instructor el 6 de marzo del año pasado, y ya está preparado para elevarlo a la Audiencia para enjuiciamiento, según han informado fuentes judiciales.

El auto de juicio oral, que no es recurrible, relata cómo la secretaria del concejal de Servicios Sociales asumió a su llegada la "supervisión y control total" del Banco de Alimentos, y especialmente el reparto de vales de compra, en el que actuaba como "una especie de jefa de voluntarios a la hora de supervisar las entregas que se hacían a éstos de los vales".

"Era quien de facto -y sin cobertura legal- se ocupaba de repartir los vales entre los voluntarios", relata el auto, pese a que el secretario del Ayuntamiento "advirtió expresamente al concejal y a la acusada de que no podía realizar funciones administrativas de reparto de vales"

Según recoge el auto, en septiembre de 2016, repartió vales a "al menos 14 personas no incluidas en las listas de beneficiarios ni familiares de éstos, y se quedó para sí misma al menos 30 vales", entre otras irregularidades.

Añade que la acusada "cambió el sistema de reparto de vales", lo que hizo imposible controlar qué vales fueron entregados correctamente y cuáles no, si bien se pudo comprobar que en varias compras de finales de septiembre se usaron 8, 10, 12 o incluso 20 vales en una misma compra, cuando el número máximo que se podía repartir por unidad familiar era de cinco.

"El descuadre entre los cheques girados y los beneficiarios que inicialmente puede ser atribuido a la acusada es al menos de 160 bonos" por importe de 10 euros cada uno, lo que hace un total de 1.600 euros. Además, los dos acusados consumieron productos previamente adquiridos con tales vales en una fiesta particular que celebraron en un camping de Valderredible, por importe de 270 euros.

DENUNCIA DE IU

Esta causa deriva de la denuncia del concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Camargo, Jorge Crespo, que puso en conocimiento del juez varios hechos relacionados con los dos investigados y su papel como voluntarios en el banco de alimentos.

La citada denuncia dio lugar a tres procedimientos: uno relacionado con la recaudación de una fiesta solidaria celebrada en Punta Parayas, que terminó por sobreseerse; otro que se siguió por delito leve por la venta de unos palés del banco de alimentos y que culminó con una sentencia absolutoria; y el tercero, relacionado con el uso irregular de los vales de comida, al que se refiere esta causa.

'Ganemos Camargo', formación con la que Marcelo Campos obtuvo su acta de Concejal en los comicios electorales de 2015, defiende en una larga nota de prensa la gestión de éste en el área de Asuntos Sociales mientras tuvo responsabilidad como edil del área antes de su expulsión, así como de Jimena González, ex-secretaria de ese departamento. Y es que a pesar de haber sido expulsado por los titulares de la marca 'Ganemos' a nivel nacional (motivo por el cual figura como Concejal 'no adscrito' en la Corporación camarguesa), en Camargo la formación sigue 'activa' en la defensa de quienes han sido sus representantes municipales.

"No permitiremos bajo ningún concepto las directrices de ningún partido y ejerceremos nuestro derecho al voto en plenos y comisiones con total libertad, sean cuales sean nuestras motivaciones, aunque las mismas en este caso son de público conocimiento, así como que no nos dejaremos coaccionar para que pongamos nuestro voto al gusto de nadie", comienza diciendo Ganemos Camargo en su nota, para quien "no existe ninguna negociación respecto a retomar la Concejalía de los Servicios Sociales, ni ninguna otra Concejalía, por parte del Concejal Marcelo Campos, ya que el pacto de investidura está roto y si se decidiera hacerlo, existe una mesa negociadora por parte de la ejecutiva local de nuestro partido que cree que las condiciones ahora mismo no se dan (y las ya pactadas están obsoletas), ni se comparten los motivos por los que el Concejal de Asuntos Sociales fue apartado de su cargo"

Para esta formación nunca ha existido delito en la gestión de los Servicios Sociales "aunque algunos se empeñen en engañar a los vecinos con lo contrario por sus propias motivaciones políticas", e invita a "todo el mundo" a consultar las sentencias emitidas hasta ahora por los tribunales

"El trabajo realizado por la señora Jimena González" -continúa la nota de prensa- "fue igualmente intachable, y no existe ninguna equivocación en su nombramiento aunque no goce de la simpatía de la señora Alcaldesa, que insiste en señalarla como implicada, pareciendo querer demostrar que sabe más que el Juez que ya ha emitido veredicto de inocencia"

En este sentido la formación que apoya a Campos y a González afirma que "parece que ha molestado la gestión realizada en Servicios Sociales, o de lo contrario se trata de un problema meramente personal"

Los voluntarios seleccionados durante la gestión del Concejal, hasta el momento, no están implicados legalmente, ni condenados, por causar perjuicio alguno a la gestión de la plataforma alimentaria, sostienen desde 'Ganemos Camargo', "aunque como le puede pasar a cualquiera, se puede cometer algún tipo de error basado en la falta de reglamentación de todas las cuestiones relativas al reparto de alimentos que viene arrastrando el Ayuntamiento desde tiempos inmemoriales y que son ya conocidas"

Aun trabajando en esas "difíciles" condiciones -prosigue el comunicado-  se trabajó "honradamente y sorteando las dificultades diarias (que sólo conocemos los que trabajamos de verdad con la gente) con compromiso y honestidad"

Asimismo, "se presentó una reglamentación nueva para esta gestión, que nunca fue tratada por el equipo de gobierno municipal, y se echó a dormir en un cajón del despacho del Secretario del Ayto. a pesar de la intención del Concejal Marcelo Campos de regularizar los errores... No sólo en ocho meses no se trató esa propuesta de reglamento, sino que se aprobó a posteriori de la declaración del señor Juez", subrayan desde Ganemos Camargo, que consideran "de una extrema gravedad, algo totalmente insólito e inaudito; propio de dictadores y no acorde con las reglas democráticas de este país, que se le imponga a un cargo electo un personal de confianza al gusto de sus adversarios políticos"

REPROCHES A 'PODEMOS CAMARGO'

La nota hecha pública por 'Ganemos' en nuestro municipio reserva amplio espacio para arremeter contra los representantes de 'Podemos' en Camargo, a los que acusan de mantener "prácticas totalitarias y maniobras caprichosas y oportunistas de trepadores políticos, propias de quienes sólo saben desprestigiar sin construir nada, con el fin de convertirse en epicentro de atención como presuntos rivales políticos de quienes tienen responsabilidad en la gestión pública"

En la nota se recuerda también que ese partido (por Podemos) se negó a participar en las Elecciones Municipales de todo el país en el 2015; "negándole a las familias, especialmente a las más necesitadas, la oportunidad de emprender políticas tendentes a mejorar su vida. Algo que nosotros sí entendimos como prioritario, sin importarnos ningún tipo oportunismo político, como sí hizo Podemos Camargo con las motivaciones de su ausencia"

"A diferencia de ellos" -continúa literalmente el comunicado-, "nosotros dimos la cara, saltamos al ruedo y a la arena política, a ayudar a nuestros vecinos mas desfavorecidos; y pudimos acertar en mejorar las condiciones de los más necesitados de nuestro Ayuntamiento en mayor o menor medida, pero no nos escondimos como cobardes. Y ahora, con mucha más experiencia y conocimiento que antes, nos mirarnos al espejo y nos sentimos orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena al bienestar de los vecinos"

Desde 'Ganemos C.' se afirma con rotundidad en la parte final de su nota que "las condiciones para otro pacto han cambiado, tenemos nuevas condiciones (que surgen del camino andado); y de ninguna manera permitiremos mas chantajes de nadie, por lo que nos asiste nuestro legítimo derecho a 'no apoyar' al gobierno municipal en aquellas cuestiones que no beneficien a los más necesitados"

REFLEXIONES 'FINALES'

La larga nota que Ganemos Camargo ha enviado a los Medios de Comunicación, como Radio Camargo, concluye con una serie de reflexiones, sobre Alberto Bolado (diputado de Podemos y secretario de esta formación en Camargo), los vecinos, el equipo de gobierno municipal o los Medios de Comunicación, que reproducimos literalmente:

"1.- Al señor Alberto Bolado (de 'Podemos'), nos permitimos trasladarle un 'consejo de buenos amigos', que arregle primero su casa, limpie la suciedad que genera y lo rodea, porque imaginamos que para eso renunció al cargo de Consejero de Cantabria que le venía un poco grande. Una vez que le avalen sus acciones podrá hablar de nosotros, y nos extraña mucho que siendo un Letrado con experiencia piense que el Juez que ha llevado todos los casos de Asuntos Sociales se haya equivocado a la hora de solicitar la absolución de nuestra compañera investigada (por Jimena González) No se esconda, como hace siempre, detrás de una organización política para reivindicar sus frustraciones personales tratando de menospreciar, ningunear y mantener el pulso con quien no pudo en el pasado y que ya le ha ganado la batalla políticamente hablando... A buen entendedor, pocas palabras"

2.-  Al Equipo de Gobierno Municipal le decimos que siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero que no estamos dispuestos a sacrificar bajo ningún concepto el bienestar de los vecinos de Camargo por caprichos de nadie, así como tampoco a que se nos amenace gratuitamente desde la imposición de deseos personales y particulares que van en contra de los intereses generales de la población, tratando de hacer de esta minoría un teatro de marionetas.

3.- A los vecinos de Camargo, queremos decirles una vez más que seguimos pensando en ellos, en la gente y en los más necesitados y que, a pesar de no formar parte del Consistorio, conocemos los problemas; Ya van ocho meses sin que nadie haya tomado conciencia de que el 'Banco de Alimentos' no funciona y que existe presupuesto suficiente para hacer frente a la situación. Y decimos 'nadie' porque aunque Izquierda Unida intentó ocupar nuestro lugar, o le faltaron ganas, o le faltó capacidad para continuar con nuestra labor. Camargo no es de los políticos... Camargo es de la gente.

4.- A los Medios de Comunicación y a la Prensa, les sugerimos que no permitan que les manejen, porque los políticos pasan y ustedes quedan. Son el cuarto poder y no sea cosa, que se de vuelta la tortilla y a los que hoy le niegan el derecho a réplica sean mañana los que salven sus puestos de trabajo nuevamente"

El Concejal no adscrito Marcelo Campos ha emprendido acciones legales 'en defensa de su honor' contra el portavoz popular y grupo municipal, y contra la funcionaria responsable de servicio de Asuntos Sociales (departamento municipal del que Campos es Concejal)

Una demanda que se ha conocido a raíz del juicio emprendido por Marcelo Campos contra el propietario de la marca 'Ganemos', Julián de Fabián, que decretó su expulsión de la formación con la que concurrió a las pasadas Elecciones de mayo de 2015 por presunta 'falta de confianza y por no informar de las negociaciones para formar gobierno en Camargo'. Elecciones -recordamos- en las que 'Ganemos' obtuvo en la persona de Campos su único acta de concejal.

El objetivo de Marcelo Campos con este juicio, del que es parte demandante, es que le sean restituidos los derechos a los que entiende 'Ganemos Camargo' tiene derecho como grupo municipal. Una situación que bloquea actualmente su condición de 'no adscrito'

La demanda de Campos, que recoge el rotativo DM en su edición dominical y confirmada a Radio Camargo, parte de un informe firmado por la funcionaria responsable de Asuntos Sociales registrado en el Ayto el 23 de noviembre de 2015 en la que no dejaba nada 'bien parado' a Marcelo Campos en lo relativo a la gestión del departamento, y en el que se aludía a graves irregularidades en el servicio.

Fue el PP de Camargo, a través de su portavoz municipal Diego Movellán, el que hizo público aquel informe a través de una comparecencia pública ante los Medios, tal y como avanzaba en su momento Radio Camargo: http://radiocamargo.es/index.php/component/k2/item/4047-el-pp-convocara-un-pleno-para-aclarar-graves-irregularidades-en-asuntos-sociales-y-anuncia-que-recurrira-a-la-fiscalia.html

En aquel momento Diego Movellán anunciaba que su grupo exigiría un pleno monográfico (que finalmente se celebró) para aclarar la gestión en el área, e incluso avanzaba que trasladaría a la Fiscalía todas las incidencias detectadas, por si fueran constitutivas 'de delito'.

En el entorno popular ha sorprendido que esta demanda de Campos llegue meses después de conocerse la razón de la misma, y se interpreta como una estrategia judicial para desacreditar a Movellán, testigo en el juicio planteado por Campos contra el propietario de 'Ganemos' y posicionado en 'contra' de la tesis del edil en la causa.

En el caso de la Responsable técnica del Departamento de Asuntos Sociales, parece que se añade otro motivo más aparte de lo que se consideran graves acusaciones al honor y dignidad: el creer por parte de Campos que la actitud de este funcionaria 'bloquea' la gestión y directrices de la Concejalía.

Recordamos que el juicio emprendido por Campos contra el propietario de la marca 'Ganemos', que le expulsó de la misma, está visto para sentencia.

NOTA: EN LA FOTO DE ESTA NOTICIA, IMAGEN DE LA FACHADA EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. LA PARTE DE COLOR BLANCO DEL EDIFICIO SE CORRESPONDE CON EL SALÓN DE PLENOS MUNICIPAL

La Fiscalía considera que la expulsión del concejal de Asuntos Sociales de Camargo, Marcelo Campos, de la marca nacional Ganemos "no es nula", porque "se cumplieron los plazos y presupuestos" previstos en el código ético de la organización, y entiende que tampoco se ha vulnerado su derecho de asociación puesto que "nunca estuvo afiliado".

De esta forma, la Fiscalía ha considerado que Ganemos estaba legitimado para actuar contra Marcelo Campos por incumplir la "obligación" de informar a la organización sobre las negociaciones y pactos postelectorales, regulada en los estautos.

Marcelo Campos, que ahora es concejal no adscrito y tiene sueldo y secretaria, fue clave para la formación de gobierno en Camargo. Después de negociar en un primer momento con el PP, finalmente llegó a un acuerdo con el PSOE, el PRC e IU, dejando en la oposición al hasta ese momento alcalde, Diego Movellán, al que le faltaba un único edil para tener mayoría absoluta.

El juicio por la demanda de Marcelo Campos y Ganemos Camargo contra la marca nacional para intentar que se le restituyan sus derechos y que el partido local vuelva a tener grupo municipal propio, ha quedado visto para sentencia este miércoles en el Juzgado de primera instrucción nº 2 de Santander.

En el juicio han declarado como testigos la secretaria de Marcelo Campos en el Ayuntamiento, Jimena González, que se ha presentado como "impulsora" de Ganemos en Camargo; y Julián de Fabián, apoderado general de Ganemos e instructor del expediente contra el concejal electo de Camargo.

Las versiones de ambos han sido abiertamente contradictorias, especialmente en lo que se refiere a la propuesta que Ganemos puso sobre la mesa para la formación de gobierno, en la que pedía la liberación del concejal, "al menos dos asesores", grupo municipal propio y la cartera de Servicios Sociales, entre otras cuestiones.

Jimena González ha asegurado que ese documento se lo mandó Julián de Fabián a Marcelo Campos, ha denunciado que al primero solo le interesaba el dinero que iban a cobrar, en ningún caso el programa, y que les "taladró el teléfono" y les sometió a un "acoso constante", por lo que decidieron "cortar la relación". Además, ha apelado a la autonomía, libertad e independencia que Ganemos ofrecía a las candidaturas.

La secretaria general de Ganemos Camargo ha asegurado que De Fabián les dijo que pactaran con el partido que les ofreciera "unos sueldos más altos", y ha opinado que la expulsión tuvo su origen en el pacto de gobierno con el PSOE y el PRC, que contemplaba "una rebaja de sueldos del 40%" respecto a los que tenía el PP en la legislatura anterior.

Por su parte, el apoderado de Ganemos ha negado que él mandara la propuesta para la formación de gobierno, y ha explicado que "no hubo información para que pudiéramos auditar sus intenciones". Esa falta de información hizo, según ha relatado, que se "dispararan las alarmas" porque "quien no tiene nada que ocultar no tiene razón para actuar de una forma tan "extraña", sino que "encierra una actitud de dudosa honestidad".

Ha añadido que Ganemos realiza esas auditorías en las candidaturas con posibilidad de formar gobierno con el fin de "evitar el pasteleo", y para impedir que se utilice la marca para cerrar acuerdos que pueden considerar "corruptos o precorruptos", o para "colocar a amigos mediante un ejercicio de nepotismo".

De Fabián ha señalado que se enteró por la prensa de que el edil de Ganemos estaba negociando con el PP, lo que "creó alarmismo en muchas candidaturas de la zona". "Les dijimos que debían descartar un pacto con el PP" y también con el PSOE y PRC "en determinadas condiciones", ha dicho el apoderado de Ganemos, quien ha tildado de "esperpento muy lamentable" que se creara un salario para los portavoces.

"En estos berenjenales no queremos estar", ha apostillado. A la vez, ha explicado que con el expediente sancionador a Marcelo Campos, tramitado por la vía de urgencia, intentaron evitar la constitución del grupo municipal bajo el nombre de Ganemos, porque lo consideraban "perjudicial para la imagen" de la organización.

"Aún así la urgencia no fue eficaz porque la alcaldesa ignoró la expulsión, constituyó el grupo municipal, se sirvió del apoyo del concejal -"clave" para su investidura- y luego se inventó un puesto, el de Jimena. Suponemos que fue una condición para dar apoyo al gobierno", ha dicho Julián de Fabián, que en un momento de su intervención se ha referido a Ganemos como "la compañía".

También han declarado la concejala de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, apoderada legal de la marca en Cantabria; y el exalcalde de Camargo y portavoz municipal del PP, Diego Movellán.

También estaban citados como testigos, por parte de Ganemos nacional, la alcaldesa, Esther Bolado (PSOE), y el portavoz de IU, Jorge Crespo, pero el letrado ha renunciado a llamarles a declarar.

Movellán ha reconocido que le "sorprendieron" las condiciones de Ganemos y ha destacado que es la primera vez que pasa en el Ayuntamiento que una secretaria de grupo pasa a ser secretaria adscrita a un concejal, aunque ha admitido que también es la primera vez que hay un edil no adscrito en la Corporación.

En todo caso, ha opinado que la constitución del grupo municipal de Ganemos fue un "fraude de ley" porque la expulsión de Marcelo Campos se notificó un día antes del pleno en que se aprobó y "se nos ocultó".

La concejala de Ganemos Santander Sí Puede ha asegurado que ella "nunca ha pactado con el PP", que "obviamente" eso da "mala imagen" al partido y que menos aún ha "parado mociones de censura" alineándose con el PP y Ciudadanos como ha afirmado el abogado de Marcelo Campos.

El letrado ha calificado de "paripé y fraude total" el expediente sancionador de Ganemos al edil de Camargo, y ha dicho que su intención de "mantener su imagen como partido de izquierdas" se contradice con el hecho de que ha sido Marcelo Campos "el que ha propiciado que sean los partidos progresistas los que gobiernen Camargo".

En su opinión, se ha vulnerado la presunción de inocencia de Marcelo Campos, y no se ha acreditado "ninguna imputación" de la marca a nivel nacional. Además, ha opinado que Ganemos tiene "unos tintes mercantilistas claros", como a su entender ha quedado de manifiesto cuando el apoderado ha hablado de "la compañía".

Por último, ha destacado que el expediente sancionador iba dirigido a que se expulsara a Marcelo Campos como concejal, cosa que "no se ha conseguido" aunque sí la disolución del grupo municipal de Ganemos y con ello el acceso a determinados recursos.

"Independientemente de que el Ayuntamiento tomara una decisión que aminoró este efecto, pero no lo eliminó, lo cierto es que no puede ejercer su cargo en iguales condiciones que el resto de concejales", ha dicho el letrado.

En el otro lado, el abogado de Ganemos nacional ha señalado que "no se puede echar al que no está dentro". "El cargo no lo ha perdido, no se les ha echado del partido, se les ha privado del uso del nombre Ganemos", ha dicho el letrado, quien ha puntualizado que "no es vergonzante pactar con el PP" sino que a su entender, en este caso habría sido "más decente".

IU de Camargo ha exigido hoy en un comunicado el cumplimiento de los acuerdos al Concejal de Asuntos Sociales Marcelo Campos ya que a juicio de esta formación no se están cumpliendo los principios de participación, transparencia y dignidad.

IU recuerda que uno de los motivos que fueron la base del acuerdo de investidura para hacer posible un nuevo gobierno en el municipio de Camargo, fue un cambio radical de dinámica en el funcionamiento del Ayuntamiento basado en los siguientes principios:

Participación. Se acordó realizar reuniones periódicas para poder tomar decisiones colectivas “la cruda realidad es que no se ha realizado ninguna comisión de Servicios Sociales”. Además se acordó que esas reuniones se ampliasen al resto del tejido social: asociaciones y organizaciones de Camargo así como con los vecinos para escuchar sus inquietudes e ideas y acercándose a la ciudadanía para facilitar la rendición de cuentas, además de la Casa de la Solidaridad, Oficina de atención a los ciudadanos…

Transparencia. Dice IU que todo lo que se está haciendo no hay ninguna comunicación, excepto lo publicado en prensa. “Son decisiones que ha tomado el concejal de su mano mayor, sin consenso previo con otros partidos. No ha tenido en cuenta las normas internas, a los trabajadores municipales y tampoco a los colectivos que trabajan el área social”.

Dignidad.”Intentar sacar rendimiento político de la situación de exclusión social de las personas es lamentable, lo cual califica a las personas que lo han realizado; al más puro ejemplo de las cartillas de racionamiento”.

Para IU de Camargo existen ejemplos claros del trato indigno recibido:

- La espera en largas colas, de pie, en unas escaleras estrechas del Ayuntamiento, algunas personas con sus bebés en brazos. Lo que se hubiese solucionado citando a los usuarios de manera personalizada en un espacio que garantice el acceso de personas con problemas de movilidad.

-  Las entrevistas se utilizaron para sondear los cursos de formación que pretendía hacer el concejal, en vez de explicar el plazo de validez de los bonos; lo que generó que algunos usuarios tuvieron que devolver la comida delante de sus hijos cuando llegaron a la línea de cajas. “Una falta de sensibilidad total hacia ellas, además de una falta de respeto hacia las personas que sufren las consecuencias de la crisis sintiéndose infravaloradas”.

Desde IU Camargo exigen al concejal de Servicios Sociales que cumpla con sus responsabilidades –su área es más amplia que el reparto de alimentos- que cambie su actitud autoritaria y se adapte al nuevo contexto político que exige el acuerdo entre todos y no tome decisiones unilaterales.

El comunicado concluye con una frase que dice “la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos”.  

En relación a las afirmaciones realizadas por el PP de Camargo a través de su portavoz municipal Diego Movellán, en las que asevera que el Concejal de Ganemos, y responsable del área de asuntos sociales ha sido expulsado por el partido bajo cuyas siglas concurrió a los comicios electorales de Mayo, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo que preside Esther Bolado comunica que éste "no se va a inmiscuir en ningún proceso interno que pueda realizar cada formación política en el ámbito de sus competencias"

En la misma nota se asegura también que "el Equipo de Gobierno municipal mantiene su compromiso de seguir trabajando en base al acuerdo programático que ha dado como resultado el cambio en las políticas del bienestar, de igualdad y de solidaridad en Camargo que se van a llevar a cabo en esta legislatura"

Diego Movellán, portavoz del Grupo municipal popular de Camargo y exalcalde ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa, acompañado por los concejales populares Silvia del Castillo y Guillermo Plaza, convocada de urgencia tras acceder a la documentación que "acredita que el partido Ganemos ha expulsado a su único representante en Camargo, Marcelo Julián Campos Pérez", al que según se detalla en el documento en el que se informa de la expulsión al Ayuntamiento, ha retirado su confianza por su actitud durante la gestión del pacto de Gobierno, un periodo en el que según cita el texto “decidió incomunicarse respecto a Ganemos” y “no facilitó ni la información sobre los compromisos”. 

El escrito, firmado por Roberto Crespo, en calidad de Presidente y Representante legal general de Ganemos, apunta también que "estamos ante un claro caso de oligarquía local, de la concentración interesada de poder e intereses en unos pocos, usurpando a la ciudadanía lo que es suyo, y Oligarquía y Ganemos son conceptos políticos incompatibles"

Ese Partido, Ganemos, ha dicho Movellán, "registró el documento informando a la Alcaldesa de la expulsión el 29 de junio, un día antes de que el primer pleno de la legislatura fijara un sueldo de 26.000 euros y dotara de una secretaria a un Concejal al que su partido ha retirado la confianza por su actitud durante la gestión del pacto de gobierno"

El texto sigue diciendo que el concejal ahora expulsado no convocó ninguna Asamblea, "pese a asegurar que eran los miembros de éstas los que habían decidido que el voto de Ganemos hiciera alcaldesa a Bolado y no a Movellán"

El documento que ratifica la expulsión de Marcelo Julián Campos Pérez de Ganemos señala además que este, tras conocerse los resultados electorales que lo convertían en Concejal se niega a “dar cuenta de los posibles pactos y acuerdos de Gobierno, de la estructura de ingresos y gastos y de recursos públicos y de la acción política que va a desarrollar”. Por ello, en su escrito Ganemos apunta que “ninguna organización democrática puede asumir la actuación”.

Movellán ha recalcado que el documento se registró en el registro municipal con la reseña de “urgente” a las 13,12 horas del 29 de junio con número de registro 11.617 dirigido a la alcaldesa Esther Bolado. "Esto supone -según ha explicado Movellán- que la regidora conocía la expulsión del Concejal de su Partido 24 horas antes del inicio del Pleno en el que se fijaron las retribuciones a este, 26.000 euros, la constitución del Grupo Municipal Ganemos, y la contratación de una secretaria particular para el concejal", ha aseverado Movellán

Para Diego Movellán, el hecho de ocultar esta información relevante a los integrantes del Pleno supone un fraude, dado que Marcelo Julián Campos no tendría derecho ni a retribución, ni a secretaria, ni a subvención por Grupo Municipal al haber sido expulsado de su Partido y pasar a ocupar la posición de Concejal No Adscrito.

“El primer Pleno de la legislatura, el primer Pleno presidido por Esther Bolado ha sido un fraude” ha asegurado Movellán quien ha señalado que cuando faltan aún cuatro días para que se cumpla un mes de la toma de posesión de Bolado ya se ha abierto un grieta por la que se cuela la sombra de la  sospecha sobre cómo se gestó el equipo de Gobierno”.

Movellán ha asegurado que los vecinos tienen derecho a preguntarse “qué clase de papeles estaban sobre la mesa de las reuniones mantenidas de madrugada por quienes hoy gobiernan Camargo porque sin duda eran otros distintos a los que pudieran haber recogido los intereses de los vecinos"

Movellán se ha preguntado esta mañana si “quien ha sido considerado indigno de ser parte de Ganemos, es sin embargo digno a juicio de Esther Bolado de seguir formando parte de su equipo” y ha pedido a la regidora que dé explicaciones sobre si durante la gestación del pacto el Partido Socialista u otro adoptó algún tipo de conducta que incitará a Marcelo Julián Campos a convertirse en “indigno” de formar parte del partido por el que se convirtió en representante de los vecinos.

La expulsión del único concejal de Ganemos implica consecuencias como es el cese de su secretaria salvo que como ha señalado Movellán, la alcaldesa de un paso más y modifique su contratación para convertirla en personal de confianza de la Alcaldía lo que fortalecería aún más las sospechas sobre este caso. Igualmente perderá la retribución el concejal expulsado.

Estas informaciones conocidas hoy explican a juicio de Movellán la hasta ahora inexplicable actitud del Concejal ahora expulsado durante las negociaciones mantenidas con el equipo de exalcalde para la constitución de un Gobierno que hubiera dado respuesta a lo expresado por los ciudadanos “puesto que nuestro ofrecimientos a Marcelo Julián Campos para recabar su apoyo puntual que nos permitiera gobernar en minoría con acuerdos puntuales solo incluían lo que la ley permite ofrecer y nada fuera de la ley”.

Movellán ha subrayado también que esta "escabrosa y oscura situación" le da la razón cuando comentó que Camargo con este cuatripartito iba a ser noticia regional y nacional por asuntos nada positivos, y ha dejado entrever que "la Fiscalía podría estar muy pendiente de lo que está pasando aquí"