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La Audiencia absuelve a María Jesús Calva del delito de prevaricación y lo mantiene en el caso de López Lejardi

La Audiencia absuelve a María Jesús Calva del delito de prevaricación y lo mantiene en el caso de López Lejardi

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha dictaminado a favor de la ex alcaldesa de Camargo María Jesús Calva en el recurso presentado por ésta contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander que la condenaba por prevaricación administrativa, por haber mantenido una situación ilegal de contratación de servicios públicos, heredada del anterior Alcalde, Eduardo López Lejardi. Tal situación suponía la 'contratación de servicios de mantenimiento en instalaciones municipales a la Empresa Entidad Patrimonial, S.L sin presupuesto, licitación ni concursos previos, a pesar de los reparos emitidos por el Interventor', explica el fallo judical conocido este martes.

La sentencia recuerda también en los antecedentes judiciales en que se basa el recurso presentado por María Jesús Calva que ésta, una vez conocida la referida la situación irregular heredada, dictó resolución resolviendo los reparos en fechas 20 de agosto de 2004, 1 de diciembre de 2005, ‘poniendo solución parcial a dicha situación, al ordenar iniciar el expediente administrativo de contratación, pero sólo para las instalaciones deportivas, manteniendo, a sabiendas por tanto, la misma situación respecto a las demás instalaciones, las culturales y durante tiempo prolongado y a pesar de recibir informes de reparos sucesivos’

Por tal motivo Calva –sigue recordando la sentencia hecha pública este martes 5 de agosto- fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal a 9 años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público. 

No obstante, la Audiencia Provincial entiende que la situación y decisiones adoptadas en el caso de Calva son distintas a las de su antecesor en la Alcaldía, Eduardo López Lejardi, cuyo recurso en este caso no ha prosperado. 

En primer lugar –continúa la sentencia- Calva hereda una ilegalidad consolidada por el anterior Alcalde durante más de un año; resuelve todos los reparos del interventor judicial; ordena el pago de los servicios prestados por Entidad Patrimonial,38 S.L siguiendo las indicaciones del interventor municipal; intentó regularizar la situación y acordó la incoación de expedientes de contratación de todos los servicios, si bien finalmente se contrató sólamente el servicio de las instalaciones deportivas; el expediente de contratación de los otros dos servicios se suspendió al estar pendiente una reclamación de los trabajadores ante la jurisdicción social; los servicios prestados había que pagarlos pues eran debidos’ 

A la vista de todas estas circunstancias no procede calificar de arbitraria e injusta la actuación de María Jesús Calva Ruiz que intentó rectificar la situación de ilegalidad –dice la sentencia- que recuerda ‘que lo consiguió en parte respecto de las instalaciones deportivas y ordenó el pago conforme a la indicaciones del interventor municipal, por lo que su conducta no es sancionable penalmente y por ello su recurso debe prosperar’ 

Por todo ello la Audiencia Provincial estima el recurso de María Jesús Calva, Alcaldesa socialista desde 2004 a 2007, y la absuelve del delito de prevaricación e inhabilitación para cargo público, declarando 'de oficio la mitad de las costas de la instancia y las de esta alzada’ 

En el caso de Eduardo López Lejardi,  se declara probado (dice literalmente la sentencia) que éste ‘se saltó el procedimiento, contrató la prestación de una serie de servicios sin licitación ni concurso previo, de forma verbal, lo que comúnmente se denomina a dedo, a la empresa Entidad Patrimonial 38 S.L. eludiendo los controles que el procedimiento de contratación pública establece, a pesar de conocer la ilegalidad de su decisión’ 

Por todo ello el recurso de Lejardi se desestima, y se mantiene la condena de siete años y 9 meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Además se le condena a pagar las costas derivadas de su recurso. 

La sentencia, firmada por los Magistrados José Luis López del Moral Echeverría, María Rivas Díaz de Antoñana, y Ernesto Sagüillo Tejerina, se declara firme y contra ella no cabe recurso.

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Modificado por última vez enMartes, 05 Agosto 2014 10:42
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