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Más reacciones sobre Ecomasa: PRC-PSOE piden la dimisión de Ignacio Diego y el PP considera 'intachable' la gestión pública

Más reacciones sobre Ecomasa: PRC-PSOE piden la dimisión de Ignacio Diego y el PP considera 'intachable' la gestión pública

Se siguen sucediendo las valoraciones de los grupos políticos en torno a la comisión de investigación Ecomasa-Martin. La comisión de investigación de Ecomasa, por cierto, debatirá las conclusiones de los grupos el 16 de mayo.

Si en un artículo anterior nos hacíamos eco de las opiniones de Podemos y Ciudadanos, ampliamos ahora con la postura al respecto de PRC y PSOE, que básicamente coinciden en el diagnóstico, culpando al ejecutivo de Ignacio Diego, y del PP que opina lo contrario.

El PRC pide la dimisión de Diego como “máximo responsable” de “la estafa” de 21,2 millones de euros de Ecomasa y que la Fiscalía investigue el destino de los fondos públicos y de los trabajadores

Los regionalistas consideran “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “beneficiarles”

El PP, por otra parte, El PP considera "intachable" la actuación pública en Ecomasa. Van den Eynde pide para Diego "el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Revilla en el caso GFB, Racing o Cantur". Habla de pérdida de dinero 'magnificada' y carga el peso de la responsabilidad en la liquidación de Ecomasa en el PRC-PSOE.

DEBATE DE LA CONCLUSIONES SOBRE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EL 16 DE MAYO

Las conclusiones elaboradas por los grupos parlamentarios sobre la comisión de investigación de Ecomasa-Nestor Martin, que se ha celebrado en el Parlamento de Cantabria desde el 1 de julio de 2016, se debatirán en la propia comisión el próximo 16 de mayo, miércoles, a las 10 horas, y después habrá un último debate en el Pleno.

PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos han señalado como máximo responsable político del fallido proyecto al expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, que asumió esa responsabilidad en su comparecencia. El PRC ha ido más allá y ha pedido su dimisión de los cargos públicos que ostente en la actualidad (es diputado).

Por su parte, el PP ha defendido que la actuación pública fue "intachable", y su portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha pedido que se aplique a Diego "el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya", es decir, ninguno.

El PP considera que la cuantificación de la pérdida de la aportación pública a raíz de la quiebra de Ecomasa, "ha sido magnificada por intereses políticos".

Al respecto, señala que cuando se habla de 18 millones de euros de dinero público "no se tiene en consideración" que existió una actividad empresarial durante varios años, "con el consiguiente retorno de una parte sustancial de la aportación pública (pagos de los costes laborales, impuestos, pagos de intereses de la deuda, etc.)"

Añade que está pendiente de sentencia el pleito en la Corte Francesa por estafa contra Wanders y sus auditores, lo que permitiría, en su caso, una recuperación de los más de cuatro millones de euros invertidos en la compra del 50% del capital de la compañía.

Tanto el PRC como su socio de gobierno, el PSOE, piden específicamente en sus conclusiones que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el "paradero" del dinero público aportado por el Gobierno -18 millones de euros- y del procedente de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka recolocados en Ecomasa -3,2 millones-, con el fin de que sea devuelto y para depurar las responsabilidades penales oportunas.

Además, los regionalistas consideran que la Fiscalía debe investigar el destino de las cantidades aportadas tanto por el Gobierno de Cantabria como las derivadas de las indemnizaciones de los trabajadores, con el objeto de que sean devueltas, y para que, si se apreciase la comisión de algún delito, se depuren las responsabilidades penales oportunas.

Así lo ha dado a conocer hoy el portavoz regionalista en la Comisión de Investigación de Ecomasa, Francisco Ortiz, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado del portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y la diputada regionalista Rosa Valdés integrante de dicha comisión, para dar a conocer las conclusiones a las que ha llegado el Grupo Regionalista después de analizar la documentación remitida y escuchados los 43 comparecientes.

Los regionalistas consideran “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “captar los fondos públicos y beneficiar” a De León y Lavín, que fueron descritos por Diego como empresarios “de éxito” y “con garantías”.

Fuentes parlamentarias han explicado que el dictamen que apruebe el Pleno se elevará de forma automática a la Fiscalía. Estas mismas fuentes han indicado que en los próximos días habrá negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios para intentar consensuar una propuesta de dictamen.

El acuerdo es obligado dado que ningún grupo por separado suma la mayoría absoluta necesaria para aprobarlo. El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Ciudadanos, no ha registrado conclusiones porque no ha formado parte de la comisión.

Impulsada en primera instancia por Podemos, la creación de esta comisión de investigación se aprobó por unanimidad en febrero de 2016.

Desde su constitución el 1 de julio de ese año, han comparecido un total de 43 personas, entre ellos los interventores del Gobierno de Cantabria; los representantes de los trabajadores de Ecomasa y Teka; los dueños de Ecomasa: Andrés de León y Jesús Lavín; y los administradores concursales.

También responsables de Sodercan y del Instituto Cántabro de Finanzas, entre ellos el entonces director del ICAF, Jorge Gómez de Cos, a quien varios grupos parlamentarios señalan como "responsable directo" por la "relación de amistad y profesional que le unía a uno de los propietarios de Ecomasa"

Por parte del anterior Gobierno del PP comparecieron Diego y sus consejeros de Industria, Eduardo Arasti, y Economía y Hacienda, Cristina Mazas, y por parte del actual Gobierno PRC-PSOE, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, y Salvador Blanco, que por aquel entondes todavía era director de Sodercan.

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Modificado por última vez enJueves, 03 Mayo 2018 22:35
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