El Gobierno de Cantabria comunica que ha habilitado una cuenta bancaria oficial para recibir y canalizar donaciones que se destinarán a ONGs que trabajan ayudando al pueblo ucraniano sobre el terreno. La cuenta, que figura en el gráfico que acompaña a este artículo, es la siguiente: ES37 0049 6742 52 2416330868

TELÉFONO PARA DAR RESPUESTA A DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y APOYO A PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS DE UCRANIA: 649 457 454 (LLAMADAS Y WHATSAPP)

El teléfono 649 457 454, habilitado por el Gobierno de Cantabria para dar respuesta a las demandas de información, apoyo y atención de particulares e instituciones que están acogiendo a personas desplazadas desde Ucrania, ha recibido este jueves, en su primer día de funcionamiento, casi 70 llamadas y una decena de mensajes de WhatsApp.

La inmensa mayoría han sido realizadas por juntas vecinales y ayuntamientos ofreciendo pisos y habitaciones, pero también se han atendido otras pidiendo información sobre el inicio de diferentes trámites en materia sanitaria y educativa.

Y al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se han derivado aquellas llamadas de personas ofreciéndose como familia de acogida de menores ucranianos.

Así lo ha informado el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, que ha indicado que a través de este teléfono 649457454 se facilitará el itinerario institucional que se debe seguir para garantizar los derechos y el acceso a los servicios de aquellas personas que han llegado a la comunidad autónoma huyendo del conflicto bélico.

En un comunicado, el también consejero ha destacado la importancia de la coordinación institucional para acometer con eficacia medidas de atención y asistencia a los refugiados tras la invasión rusa.

En este sentido, se ha referido a las actuaciones impulsadas por diferentes departamentos del Ejecutivo autonómico, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos y la red de ONGs que operan en la región para dar respuesta a la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa.

Una labor de coordinación, ha señalado, en la que se va a seguir trabajando en los próximos días para garantizar la seguridad y los derechos de las personas ucranianas desplazadas a Cantabria, tanto en el plano sanitario, educativo y de protección jurídica.

El vicepresidente ha destacado y agradecido la solidaridad de la sociedad de Cantabria reflejada a través de la colaboración con el acogimiento de personas desplazadas y con la aportación de productos para atender tanto a las personas que llegan a la región como para su envío a las fronteras de los países limítrofes con Ucrania.

Dentro de este trabajo institucional coordinado que se está llevando a cabo se enmarca el mecanismo puesto en marcha por el Gobierno de España y que permite desde este jueves a los desplazados de Ucrania en nuestro país solicitar y acceder de forma sencilla a la protección temporal, así como a todos los derechos asociados a esta figura, como el permiso de residencia y de trabajo.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado recientemente la concesión de una ayuda de 1.500 euros con destino a la ONG Alouda Cantabria que trabaja en ayuda de los refugiados saharauis, y de una ayuda de 1.500 euros a la ONG Balanced Word que presta auxilio a la población de la isla de Lombok en Indonesia.

El concejal de Inmigración y Cooperación, Luis Bodero, ha señalado que estas subvenciones “tienen como finalidad apoyar la labor que están realizando ambas organizaciones ante las circunstancias excepcionales que la emergencia sanitaria del coronavirus está provocando en las poblaciones de dichos lugares”

Al respecto, el edil ha indicado que “el coronavirus no entiende de fronteras y con esta ayuda queremos aportar nuestro granito de arena a la labor que están realizando estas ONG, volviendo a demostrar que somos un municipio solidario y que ayudamos no sólo a aquellos vecinos que atraviesan por dificultades sino también, en la medida de nuestras posibilidades, a otras zonas del mundo que requieren de apoyo humanitario”

En concreto, en el caso de la ayuda realizada a Alouda Cantabria, se ha tenido en cuenta la difícil situación que atraviesa la población saharaui de los campamentos de Tinduf, como consecuencia del cierre de fronteras provocado por la pandemia del Covid-19.

En cuanto a la subvención concedida a Balanced Word, se ha considerado las circunstancias excepcionales que la crisis sanitaria está provocando en una población que continúa sufriendo las consecuencias que dejó hace dos años el terremoto de Lombok, en el que fallecieron cientos de personas y se contabilizaron miles de heridos.

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, acompañada por el portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio, Jorge Crespo, y representantes del Comité de Solidaridad con los Pueblos y la Asociación Interpueblos ha mantenido esta mañana un encuentro con Juani Rishmawi, integrante de la organización no gubernamental ‘Health Work Comittees’.

Esta  ONG coordina y desarrolla proyectos sanitarios y sociales para la población palestina en Cisjordania prestando servicio en diferentes escuelas y centros de salud, donde destaca también la atención en 62 escuelas de Jerusalén.

La alcaldesa se ha interesado por la labor que realiza esta organización que desarrolla además numerosos programas de atención a las mujeres, a los niños, a la población enferma y herida, y lleva a cabo iniciativas en el ámbito educativo y en el sanitario apoyando al sistema de salud palestino.

También se ha interesado por la situación en la que vive la población, donde en lugares como Gaza y Cisjordania se ha incrementado de manera notable el número de asentamientos israelíes. La regidora ha lamentado que “por ahora parezca que no haya atisbos de lograr una convivencia en paz, con el agravante de que los problemas se hereden de generación en generación”, y ha avanzado que el Ayuntamiento aportará una ayuda a esta organización para contribuir a su labor.

Durante el encuentro, la activista española ha denunciado las “violaciones de derechos humanos” a las que se enfrenta la población palestina y el “incumplimiento de las resoluciones de la ONU”, la situación de las más de 4.000 personas aprisionadas a la espera de un juicio, o el encarcelamiento de menores, así como los numerosos problemas sociales, económicos y políticos que tiene que afrontar la población local y la presión que reciben los propios activistas que trabajan allí en pro de los derechos humano, por lo que ha solicitado a las instituciones que tomen conciencia de la situación de “aparthaid” que se vive allí.