El Juzgado de lo Penal número dos de Santander ha absuelto a los dueños de Ecomasa World Investment -EWI- (fallida empresa de fabricación de estufas ubicada en Maliaño), Andrés de León y Jesús Lavín, de los delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de la sociedad de los que habían sido acusados, y por los que se enfrentaban a cuatro años y medio de cárcel que pedía para cada uno de ellos el fiscal.

Recordamos que Ecomasa (en un primer momento adscrita al grupo Nestor Martin) recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fábrica que abrió en el polígono La Cerrada de Maliaño y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales.

En la FOTO de archivo de esta noticia, los dueños de la empresa de construcción ecológica Ecomasa World Investment (EWI), Jesús Lavín (i), y Andrés de León (d) sentados para declarar en el Juzgado de lo Penal 1 de Santander, a 22 de noviembre de 2021

Afirma la sentencia "con contundencia" que De León y Lavín "en ningún momento realizaron actuaciones al margen del ICAF y Sodercan", que conocían "todas" las operaciones. Así lo resuelve la titular del citado órgano judicial en una sentencia, notificada este lunes en la que concluye que, tras la prueba practicada y examinadas cada una de las operaciones enjuiciadas, no se consideran "actuaciones irregulares de la sociedad". Y tampoco aprecia "perjuicio para Ecomasa ni sus socios", entre ellos la empresa pública Sodercan.

Es más, la jueza destaca en su resolución que tanto la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) como el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) -dependientes de las consejerías de Industria y Economía del Gobierno regional- estaban al tanto de "todas" las operaciones objeto del proceso penal.

"Ha de ponerse de manifiesto, con contundencia, que los acusados en ningún momento desempeñaron actividades empresariales ni realizaron operaciones que supusieran actuar al margen de la entidades referenciadas (ICAF y Sodercan)", remarca la magistrada.

Es más, considera que de la prueba practicada en la vista oral, celebrada durante dos jornadas el pasado mes de noviembre, "queda claro y reconocido que todas las operaciones que realizaban y concluían los acusados eran conocidas, examinadas, informadas y aprobadas por ICAF y Sodercan; éste último en su condición de socio y también en el periodo de ejercicio de la administración, no planteó reparo, ni cuestionó tales operaciones"

De León y Lavín --para los que el ministerio público reclamaba también 8.100 euros de multa y una indemnización conjunta de 3,2 millones por el "abuso" en la adopción de decisiones "perjudiciales" para Ecomasa y Sodercan-- se sentaron en el banquillo como supuestos autores de sendos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de EWI, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada (Maliaño) y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015, gobernada por el PP.

Esta causa -que consta de diez mil folios- fue iniciada por los propios empleados para intentar recuperar -sin éxito- los 3 millones de sus indemnizaciones por despido en la planta de electrodomésticos de Santander aportados al fracasado proyecto de Camargo. Después se sumó el Gobierno de Cantabria a través del ICAF y Sodercan, que también pedían cuatro años y medio de cárcel para cada uno, en tanto que el comité de empresa rebajó a esa misma pena su petición, inicialmente de hasta siete años. En paralelo, los dos dueños y el administrador de Ecomasa fueron inhabilitados tras declararse culpable el concurso.

Las operaciones objeto del proceso penal estaban relacionadas con la capitalización de un crédito con una sociedad chilena del grupo por valor de 500.000 euros; la adquisición de participaciones por casi 900.000 euros -y supuestamente con "sobrevaloración" de las mismas- de otra entidad que formaba parte de EWI para compensar la deuda que tenía; y la compra de una marca comercial a otra socia por 1,8 millones como compensación del crédito que tenía con Ecomasa y que se daba así por pagado.

El representante de la Fiscalía tildó de "fraudulenta" alguna de las operaciones en cuestión, y consideró que los dos procesados igualmente "abusaron" de la "laxitud de control" por parte del ICAF. Y al hilo de esto, opinó también que "se podían haber hecho mejor las cosas" por parte de la administración pública.

NO SE CONSIDERAN ACTUACIONES IRREGULARES

Pero, según la jueza, "examinando cada una de las operaciones, no se consideran actuaciones irregulares de la sociedad amparadas en la documentación obrante en las actuaciones". Y agrega al respecto: "No sólo no se ha dispuesto de forma fraudulenta de los bienes de la sociedad, sino que tampoco se han contraído obligaciones a cargo de la misma"

De este modo, considera que "no hubo perjuicio para la sociedad EWI y, consecuentemente, sus socios, Sodercan, ya que incluso no hubo ni desembolso de tesorería sino un cambio de activos por otros", según esgrime a lo largo de la sentencia.

La titular del Juzgado de lo Penal uno de Santander entiende además que ha quedado "probado que las operaciones cuestionadas en cuanto a su formalización conforme a la actuación de los administradores de la sociedad contaban con el pleno conocimiento tanto del socio Sodecan como ICAF, entidad financiadora a través de aquella"

Ambas -continúa- "en su condición de públicas y afectas al Gobierno de Cantabria, no habiendo causado perjuicio alguno a la sociedad ni a los socios en cuanto a su resultado empresarial ni obtenido por ellas un beneficio económico los acusados o terceros, ha de considerarse que su conducta [la de Lavín y De León] no puede encuadrarse en el tipo penal del delito de administración desleal por el que se ha formulado acusación, no desvirtuada en este sentido la presunción de inocencia, procede dictar un pronunciamiento absolutorio", argumenta en la sentencia, que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

VALORACIÓN DE LAS DEFENSAS

Los abogados de los acusados, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, de Oliva-Ayala Abogados (defensor Lavín), y Juan Manuel Ruíz Sanz, de Lex Iusta Abogados (defensor de De León), han destacado en un comunicado que "la sentencia ha declarado probado lo que desde el principio ambos procesados venían manteniendo: que todas la operaciones se realizaron en beneficio del proyecto empresarial y con la autorización del ICAF y Sodercan"

Además, estos letrados subrayan que sus patrocinados "no tuvieron absolutamente ningún lucro y sí, al contrario, lamentablemente, la pena anticipada de verse sometidos a un proceso penal durante muchos años". A este respecto, y de cara al fallo, interesaron la aplicación de la atenuante por dilaciones indebidas como muy cualificada tras seis años y medio de procedimiento con varios periodos de paralización, algunos de hasta "un año"

Por último, recalcan que el fallo "ha destacado y declarado probado que ambos enjuiciados no provocaron ningún perjuicio ni al proyecto, ni a los trabajadores, ni a los fondos públicos, de clase alguna, por lo que han resultado absueltos, con todos los pronunciamientos favorables"

En concreto, De León aseguró en el juicio, a preguntas de la defensa y la Fiscalía, que las operaciones por las que ambos fueron acusados no generaron "ningún perjuicio económico" -a EWI ni a Sodercan, en su condición de socia- y resaltó que esta última estaba informada de las actuaciones en cuestión mientras que el ICAF conocía "con exactitud los detalles". Por su parte, Lavín se acogió a su derecho a no declarar a ninguna de las partes personadas.

Finalmente, aunque la sentencia no es firme, los abogados defensores consideran "francamente improbable que sea revocada", dada la "contundencia del pronunciamiento absolutorio (basado no en una o dos, sino, en múltiples y variadas razones)"

Es más, según señalan para concluir, entenderían "poco oportuno que organismos públicos como ICAF sigan empleando sus recursos que una acusación que, como ha quedado demostrado, era absolutamente infundada"

Uno de los dueños de Ecomasa World Investement (EWI), Andrés de León, ha asegurado este lunes en el juicio contra él y el otro responsable de la empresa, Jesús Lavín, que las operaciones por las que ambos están acusados de presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de la misma no generaron "ningún perjuicio económico" -a EWI y a Sodercan, en su condición de socia- y ha indicado que esta última estaba informada de las actuaciones en cuestión mientras que el ICAF conocía "con exactitud los detalles"

Así lo ha manifestado De León durante su declaración en la vista oral, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, en la que ha respondido sólo a preguntas del fiscal y de su abogado, en tanto que Lavín se ha acogido a su derecho a no declarar a ninguna de las partes personadas.

En la FOTO, Jesús Lavín (izquierda), y Andrés de León (derecha) sentados en el Juzgado de lo Penal 1 de Santander

Recordamos que ambos se enfrentan a una pena de cuatro años y medio de prisión, a una multa de 8.100 euros y a una indemnización conjunta de 3,2 millones que pide la Fiscalía como supuestos autores de los citados delitos en esa sociedad, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada (Maliaño) y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015, gobernada por el PP.

Esta causa -que consta de diez mil folios- fue iniciada por los empleados para intentar recuperar -sin éxito- los 3 millones de sus indemnizaciones por despido en la planta de electrodomésticos de Santander aportados al fracasado proyecto de Camargo. Después se sumó el Gobierno de Cantabria a través del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) y Sodercan (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria). En paralelo, los dos dueños y el administrador de Ecomasa fueron inhabilitados tras declararse culpable el concurso.

Las operaciones objeto del proceso penal están relacionadas con la capitalización de un crédito con una sociedad chilena del grupo por valor de 500.000 euros; la adquisición de participaciones por casi 900.000 euros -y supuestamente con "sobrevaloración" de las mismas- de otra entidad que formaba parte de EWI para compensar la deuda que tenía; y la compra de una marca comercial a otra socia por 1,8 millones como compensación del crédito que mantenía con Ecomasa y que se daba así por pagado.

Andrés de León ha aseverado que tanto Sodercan como el ICAF conocían "perfectamente" y "desde el primer momento" la existencia de esos créditos así como también las operaciones realizadas, pues para algunas -ha señalado- se "requería el okey" de la primera, en tanto que el segundo tenía "toda la información" de uso de dinero público.

En este punto, ha indicado que el entonces consejero delegado de Sodercan, Eduardo Arasti -como titular de la Consejería de Industria-, formaba además parte del consejo ejecutivo del ICAF, por lo que los pasos que se daban los "conocían todos" y, en cualquier caso y según ha remachado, "no se decidían cosas sin que hubiera total transparencia". En otro momento ha agregado que la exconsejera de Economía, la igualmente 'popular' Cristina Mazas, estaba representada en el ICAF y Sodercan.

De la citada valoración de acciones, De León ha indicado que se hizo en base al informe que encargó el ICAF a un experto independiente, valoración que le pareció "bastante coherente". Y también ha achacado a un perito designado por el instituto de finanzas la valoración de la marca, a partir de la cual -ha agregado- aprobó Sodercan las cuentas.

De todos modos, ha reafirmado que con las operaciones en cuestión "no existió ningún perjuicio económico", y ha añadido que desde el grupo siguieron informando a ambas entidades públicas cuando se salieron del proyecto, reconociendo que ninguna de ellas recuperó las cantidades aportadas así como tampoco ellos, como dueños de Ecomasa.

"No tuvimos ningún beneficio", ha zanjado De León, tras defender que las acciones enjuicidas se hicieron para "fortalecer" el proyecto de EWI y que Sodercan e ICAF, debido a que las "conocieron", "pudieron hacer todo lo que quisieron y no hicieron nada". En línea con lo anterior, y para finalizar, ha reflexionado que ninguna de las partes perjudicadas solicitó la retroacción de las operaciones, "ni tampoco los administradores concursales", ha remachado.

"NO NOS DABAN EXPLICACIONES DE CÓMO SE GASTABA EL DINERO"

En la primera sesión del juicio, celebrada de mañana y tarde, han declarado los testigos y algunos peritos, en tanto que el resto de la prueba pericial se practicará el martes, en la segunda y última jornada de la vista.

Entre los testigos citados figuran el entonces director del ICAF, una directiva de Sodercan o uno de los dos miembros que en representación de esta empresa pública formaban parte del consejo de administración de Ecomasa. Este último ha manifestado que, al igual que su compañero, cesó "a petición propia porque no nos daban explicaciones de cómo se gastaba el dinero"

"Pertenecíamos a un consejo de administración donde no nos enterábamos de casi nada", ha expresado este testigo, ingeniero industrial que se encargaba de la parte técnica, en tanto que la económica recaía sobre el otro representante y a cuya testifical han renunciado las partes al no haberse personado por no haber sido citado.

Según ha detallado el que sí ha comparecido, desde EWI les daban "siempre" la misma "explicación" para no informarles: "que ya lo sabía el Gobierno de Cantabria". Sí les informaban, según ha precisado, de las estufas que fabricaban o tenían previsto producir, "pero el tiempo iba pasando y no se levantaba cabeza".

Y a preguntas de las partes sobre la mencionada valoración de acciones, ha expresado que les pareció una "cosa absurda" el valor establecido -1,8 millones- para una marca "recién inventada".

La directiva de Sodercan ha explicado que entonces ella era responsable de empresas participadas, pero no apoderada, y fue a dos reuniones de socios por mandato del consejero delegado. Ha indicado que fue a una de ellas, en la que se abordó la compra de la marca, sin información al respecto: "Si la había, yo no la tenía".

Y de todos modos, ha indicado que siempre "reportaba" con su director, como en una de las juntas -sobre venta de acciones- en las que se pidió la abstención de Sodercan tras un informe solicitado al efecto. De ahí, ha explicado, un 'incidente' en el acta, en la que ponía que los acuerdos se habían adoptado por "unanimidad" y se pidió "tachar" esta palabra.

EL ICAF NO TENÍA RELACIÓN DIRECTA CON SODERCAN

Por su parte, el director del ICAF cuando sucedieron los hechos ha iniciado su declaración señalando que conocía a los dueños de Ecomasa, a Andrés de León "de vista" y a Jesús Lavín porque era su vecino y habían sido socios en un negocio anterior.

Después, ha explicado que en 2012, tras informes favorables de técnicos del ICAF, se concedió a Ecomasa un préstamo y aval para financiar y absorber los trabajadores de Teka y poner en marcha la fábrica de estufas de Maliaño, porque en ese momento la situación de Sodercan era "mala" por otros proyectos fallidos, como GFB.

Ha señalado también que este organismo no tenía una relación directa con Sodercan, por lo que no le transmitía información: "Así, como por concepto, no". Y tampoco recuerda haber dado "instrucciones concretas" sobre EWI.

Un perito propuesto por Sodercan cree que operaciones enjuciadas fueron "un perjuicio" para EWI y ve "muy elevada" la previsión de crecimiento del grupo -de "dos dígitos" en un negocio "maduro"- cuando su viabilidad no estaba garantizada, sino "en entredicho", pues no había entrado ningún inversor: "Sólo dinero público y no lo suficiente para garantizar la liquidez", aunque ha reconocido el "desequilibrio total" entre la aportación pública y la privada, al ser la primera "infinitamente superior" a la segunda.

El titular del Juzgado de lo Mercantil de Santander ha declarado culpable el concurso de Ecomasa World Investment (EWI) "por retraso en la solicitud" del mismo, y ha inhabilitado a los dueños de la compañía de estufas de Maliaño: Andrés de León y Manuel Jesús Lavín, así como al también administrador Antonio Hernández Molina.

En una sentencia que ha sido dada a conocer hoy a las partes, el magistrado condena a León y Lavín solidariamente a la cobertura del déficit concursal en aquella parte que no se ha satisfecho en la liquidación de Ecomasa hasta un máximo de 396.142 euros.

Como explica la sentencia, "no se imputa la responsabilidad en la generación de la insolvencia, sino el retraso en la solicitud" del concurso de acreedores de esta empresa de estufas que en la pasada legislatura recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fábrica que abrió en el polígono La Cerrada de Maliaño y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales.

El magistrado les declara personas afectadas por la calificación del concurso culpable, e inhabilita para administrar bienes ajenos por un periodo de cuatro y tres años, respectivamente, a León y Lavín, administradores desde septiembre de 2013, y por un periodo de dos años -la inhabilitación mínima- a Hernández Molina, que lo fue desde junio de 2014.

Además, a Andrés de León le condena a indemnizar a la masa en la cantidad de 39.658 euros en concepto de daños y perjuicios, al imputarle la demandante -la administración concursal- la presentación de autodeclaraciones tributarias ficticias.

RETRASO EN LA SOLICITUD DEL CONCURSO

La sentencia considera "acreditado un retraso en la solicitud del concurso, habiendo aflorado y debido ser conocida la insolvencia a 1 de julio de 2014 y, por lo tanto, debiendo solicitarse concurso en los dos meses siguientes", lo que no ocurrió hasta septiembre de 2015.

La sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil no atiende buena parte de las peticiones de la Fiscalía y la administración concursal, que además de la calificación de culpable del concurso por "salida fraudulenta" de fondos y bienes, "maquillaje" financiero de las cuentas, retraso en la solicitud del concurso y operaciones tributarias "ficticias".

Las acusaciones solicitaron la inhabilitación de Lavín y León por cinco y ocho años, respectivamente, y 2,3 millones de euros de indemnizaciones por daños y perjuicios.

El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla.

IMPUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL EN LA VÍA PENAL

En la vía penal, continúa abierta la causa derivada de la querella de los trabajadores contra León y Lavín. A ella se unió después la denuncia presentada por el Gobierno PRC-PSOE ante la Fiscalía al principio de esta legislatura, en la que además se ha celebrado una comisión de investigación en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas.

La causa contra los dueños de Ecomasa, en la que están personados SODERCAN y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y que ha instruido la magistrada Mercedes Compostizo, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, se encuentra en estos momentos a la espera de que la Audiencia provincial resuelva los recursos de apelación de Lavín y León contra el auto que puso fin a la instrucción y ordena dar traslado a Fiscalía y acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral.

El auto recurrido mantiene la imputación de Lavín y León por un presunto delito de administración desleal al frente de la fallida empresa de estufas de Maliaño, y archiva las actuaciones contra ambos en lo relativo al presunto delito de malversación de caudales públicos.

El auto del Juzgado de Instrucción nº 5 se concentra en tres operaciones: la capitalización de un préstamo de 500.000 euros concedido por EWI a N.M. CHILE, empresa del mismo grupo; la adquisición de participaciones de Chimeneas Barcelona en compensación de una deuda que tenía pendiente de cobrar de Ecomasa de Inversiones por importe de 898.515 euros; y la compensación de un crédito de 1,8 millones de euros de una deuda de Ecomasa de Inversiones II con EWI, por la compraventa de la marca Sommetfire.

Las defensas piden la anulación del auto alegando, entre otras cuestiones, que estos hechos ya han sido objeto de análisis y enjuiciamiento en la jurisdicción mercantil.

El juicio del concurso de acreedores de Ecomasa (EWI), la empresa de estufas que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fábrica que abrió en el polígono La Cerrada de Maliaño, y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, se celebra este martes. Fiscalía y administradores concursales piden la calificación de culpable.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander ha fijado el inicio de la vista a las 9.30 horas y se celebrará en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Tanto la Fiscalía como la administración concursal piden la calificación de culpable del concurso; y la inhabilitación de los propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, por cinco años y ocho años, respectivamente, para llevar a cabo actividades de comercio, formar parte de un órgano societario y administrar bienes ajenos.

Asimismo, les reclaman 2,3 millones de euros de indemnizaciones por daños y perjuicios y solicitan que se declare "cómplices" a las empresas Ecomasa de Inversiones II y Comercial e Industrial NM Chile.

Aunque sólo Fiscalía y administración concursal pueden hacer dictamen de calificación de concurso, en el procedimiento también están personados SODERCAN y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), así como Lavín, De León y Antonio Hernández Molina.

PRUEBAS TESTIFICALES Y PERICIALES

El juicio estaba inicialmente señalado para junio pero se ha trasladado a septiembre. Entre las pruebas testificales está prevista la declaración de Lavín y de León, y se han propuesto como prueba pericial tres informes: el del perito designado por el juzgado; la auditoria realizada por Ernst&Young por encargo de Sodercan; y la de KPMG Auditores propuesta por los propietarios de EWI.

El dictamen de la Fiscalía se basa en el informe de la administración concursal, en el que se desgranan las actuaciones de los dos empresarios y cómo, desde la creación de Ecomasa en 2012, y hasta junio de 2015, ésta recibe 18 millones de ayudas públicas del Gobierno de Cantabria --presidido entonces por el PP-- y 3,2 millones de la empresa TEKA, correspondiente a las indemnizaciones de los trabajadores que iba a recolocar en su fábrica. En total, 21 millones de euros.

Asimismo, se señala que, a su vez, la empresa concedió "importantes" préstamos financieros a otras empresas del grupo de Lavín y De León con fábricas de Bélgica, Chile y Barcelona, por un importe total de 5.729.470 euros, de los cuales solo se han recobrado 873.122 euros.

La administración concursal, que utiliza como informe pericial la auditoría realizada por Ernst&Young por encargo de Sodercan, habla de 15,4 millones de euros de pérdidas "no recuperables". El balance total de acreedores que se hace en ese documento eleva la deuda total a pagar por Ecomasa-EWI a más de 16 millones de euros entre entidades financieras, entidades públicas, Hacienda y otros.

El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla.

QUERELLA

En la vía penal, continúa abierta la causa derivada de la querella de los trabajadores contra De León y Lavín, que están imputados por un supuesto delito societario por los 18 millones concedidos por el Gobierno de Cantabria en financiación y avales.

La causa contra los dueños de Ecomasa, en la que están personados SODERCAN y el ICAF, se abrió a raíz de la querella de los trabajadores, a la que más tarde se unió la denuncia presentada por el Gobierno PRC-PSOE ante la Fiscalía.

El Pleno del Parlamento regional ha dado este lunes su visto bueno, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, al dictamen aprobado por la comisión de investigación de Ecomasa que señala como máximo responsable político del proyecto fallido de la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) al ex-presidente regional y del PP, Ignacio Diego (en la foto de esta noticia en una visita a la fábrica cuando era jefe del ejecutivo). Tras el respaldo conseguido en la sesión del lunes, será remitido a la Fiscalía para que investigue el destino de los 18 millones de dinero público y los más de 3 de los trabajadores.

En cambio, ha quedado rechazada la petición de Podemos de que los trabajadores sean considerados "víctimas" del "mal funcionamiento" de la Administración

En el dictamen aprobado se señala que si los trabajadores decidieron pasar de Teka a Ecomasa fue porque contaban con el "aval" de Diego. Además del expresidente en él se considera como responsables políticos de lo ocurrido a Cristina Mazas, que era consejera de Economía, y al entonces titular de Industria, Eduardo Arasti, y también a Jorge Gómez de Cos, gerente del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria (ICAF), una de las entidades públicas dependiente del Gobierno regional de la que salieron fondos para Ecomasa.

En el documento que se remitirá a Fiscalía se incorporan los planteamientos de PRC, PSOE, Podemos y Cs, algo que ha destacado el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, que ha señalado que en el que "no hay unas conclusiones", sino "cuatro" --las de cada uno de esos grupos-- que "además no dicen lo mismo", algo que han contradicho el resto.

CARRANCIO TAMBIÉN APOYA EL DICTAMEN

En el Pleno, ha cosechado el mismo resultado que obtuvo en comisión: el 'no' de los diputados del PP y el sí de PRC, PSOE, Podemos y del diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Cs, Rubén Gómez.

Además, se ha sumado a este voto a favor el otro parlamentario del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, que no ha formado parte de la comisión de investigación y por tanto no se había pronunciado formalmente hasta este lunes, cuando ha opinado que sí hubo "irregularidades" y que incluso se pudo haber "transgredido la Ley", con lo que ha aplaudido que para "despejar dudas" el dictamen se remita a la Fiscalía para que investigue.

También, respecto a las responsabilidades políticas de Diego y otros miembros de su Gobierno, Carrancio ha opinado que éstas se "asumen" con "dimisiones" de los cargos públicos de los que aún los tienen, como es el caso de Diego y de Mazas, ambos diputados actualmente.

En la sesión de hoy, como antes en comisión, varios grupos han aludido al proyecto Ecomasa como un "fraude bien claro" que, como sostiene el PRC, ha conllevado una "malversación de fondos públicos".

Según el regionalista Francisco Ortiz, hubo una "tormenta perfecta" entre las "necesidades políticas" del Gobierno del PP y las de dos empresarios, Jesús Lavín y Andrés de León --este último con "vinculación" con el Ejecutivo de Diego-- que vinieron a "saquear" las arcas públicas.

En una línea similar, Podemos considera que con este proyecto "dos pseudoempresarios plantearon la estafa perfecta en Cantabria", tanto para las arcas públicas como para los trabajadores, contando para ello con la "colaboración y cooperación necesaria" del entonces gerente del ICAF, Jorge Gómez de Cos.

Por su parte, la socialista Silvia Abascal, en línea con las conclusiones del PSOE que han sido incluidas en el dictamen, ha señalado que el dinero público no se empleó no en favor del objetivo para el que se otorgó, que era la creación de una fábrica de estufas sino para un "holding empresarial" que sirvió para "desviar" 12 millones de dinero público.

Además, a su juicio, está demostrado que el PP fue "juez y parte", "parte del proceso" y ha sido también "parte del resultado".

EL PP SE QUEDA SOLO CON SUS CONCLUSIONES

Por su parte, el PP ha insistido en que de la comisión no se deduce, a su juicio, que haya quedado acreditado que hayan existido "irregularidades", "ilegalidades" ni tampoco "excepcionalidades" dado que la operativa fue la "habitual".

Para Van den Eynde, tras dos años de comisión, lo que se ha demostrado únicamente es que el proyecto fue fallido y que el funcionamiento de los protocolos del ICAF y otras empresas públicas es "mejorable", con lo que solo queda "abierto" el debate de si los gobiernos deben participar en proyectos de este tipo "de alto riesgo".

Además, ha insistido en que el proyecto Ecomasa resultó fallido por una gestión de los empresarios que no ha querido calificar porque está en los juzgados pero que sí pudo ser "lesiva" para los intereses del proyecto y también por una serie de "imponderables" que eran "muy difícil" de prever.

Van den Eynde ha centrado gran parte de su intervención en criticar el acuerdo alcanzado por PRC, PSOE, Podemos y Cs en comisión para sacar adelante este dictamen cuando, a su juicio, no tienen las mismas conclusiones e incluso los regionalistas han tenido que introducir cambios en las suyas.

A juicio del portavoz popular, esto demuestra que "rigor" en el dictamen hay "poco pero stock mucho".

Van den Eynde ha insistido en que, aunque hay "coincidencias", "no tienen nada que ver" las conclusiones "de perfil bajo" de Cs, con las de "perfil exhaustivo" de Podemos ni tampoco con las de tipo "técnico" del PSOE con las de carácter "pedestre" de un PRC que, a su juicio, se ha intentado "agarrar a lo más gore" de las comparecencias.

El portavoz parlamentario del PP ha comparado que lo que han hecho PRC, PSOE, Podemos y Cs para conseguir los votos para aprobar el dictamen es como si en un tribunal médico cada uno de sus integrantes sostiene inicialmente que el paciente tiene una enfermedad diferente y al final concluyen, para ponerse de acuerdo, que el enfermo tiene todas las dolencias mencionadas y debe ser tratado de todas, una comparación que ha hecho que Blanco (Podemos) le haya llamado "doctor House".

Los portavoces del resto de grupos han respondido a las críticas de Van den Eynde sobre el acuerdo. "No sé dónde está el problema", le ha dicho regionalista Francisco Ortiz, que ha defendido que lo que han hecho no es "nada reprochable" y ha criticado al PP por ser el único en no haber llegado al consenso.

Con la aprobación por parte del Pleno se ha vivido el último paso de la investigación sobre el caso Ecomasa en el Parlamento regional, que se ha prolongado durante casi dos años.

'NO' A LOS VOTOS PARTICULARES DE PP Y PODEMOS

Además de las conclusiones de PRC, PSOE, Podemos y Cs, el Pleno se ha pronunciado sobre el voto particular del PP, en el que mantiene sus conclusiones, y uno de Podemos para que se reconozca a los trabajadores como "víctimas" del "mal funcionamiento" de la Administración, sin que ninguno de los dos saliera adelante.

El de Podemos ha decaído al no obtener los suficientes apoyos y quedarse con 17 votos a favor --los de sus tres diputados, además de los 13 del PP y el de Carrancio-- y 17 en contra (PSOE, PRC y el de Rubén Gómez). En el Parlamento, hay 35 diputados si bien este lunes solo han votado 34 ya que ha estado ausente el regionalista Rafael de la Sierra.

Los regionalistas han votado 'no' a la petición de Podemos pese a que su diputado Francisco Ortiz ha asegurado hoy estar "de acuerdo" con que los trabajadores son "víctimas"

Por su parte, el PP ha apoyado el voto particular de Podemos pese a creer que es "de postureo" y tras haber criticado que el grupo morado por sacar su petición de las conclusiones para alcanzar el acuerdo sobre el dictamen con PRC, PSOE y Cs.

Podemos pedía que se les debe prestar a los trabajadores el apoyo necesario para que puedan conseguir por la vía judicial o extrajudicial el reintegro de las cantidades no recuperadas a través del Fondo de Garantía Social.

En cuanto al voto particular del PP, en el que mantiene sus conclusiones, no ha obtenido el respaldo de ninguno de los otros grupos.

PRC, PSOE, Cs y Podemos se unen para pedir que la Fiscalía investigue el destino del dinero público puesto en Ecomasa, aunque el PRC ha introducido "cambios" en sus conclusiones iniciales y renuncia a pedir la dimisión de Diego y Mazas como cargos públicos. El PP, por su parte, ha formulado voto particular contra las conclusiones de la comisión de investigación

PRC, PSOE, Podemos y grupo mixto se han unido para aprobar un dictamen de la comisión de investigación de Ecomasa, que se debatirá y votará en el Pleno del Parlamento el 28 de mayo y que pide a la Fiscalía que investigue el destino de los 18 millones de dinero público destinados al proyecto fallido de la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) e incorpora las conclusiones de estos cuatro grupos, aunque los regionalistas han suprimido de ellas su petición de dimisión como cargos públicos del expresidente de Cantabria Ignacio Diego y de la exconsejera de Economía Cristina Mazas.

El PP ha votado en contra de las propuestas de resolución de estos cuatro grupos, ha visto como las suyas no eran apoyadas por ninguno de ellos aunque las mantiene como voto particular de cara al Pleno del día 28.

Además, los 'populares' han criticado al PRC por cambiar "radicalmente" sus conclusiones para conseguir los "votos" de otros grupos que les permitan sacarlas adelante.

EL DICTAMEN

En el dictamen de la comisión se considera, tal y como sostienen PRC, PSOE, Podemos y Cs, a Diego como máximo responsable político y se sostiene que si los trabajadores decidieron pasar de Teka a Ecomasa fue porque contaban con el "aval" del entonces presidente de Cantabria (y ahora diputado del PP) a este proyecto.

Además de a Diego, señalan también como responsables de lo ocurrido a Mazas, que era consejera de Economía (ahora es diputada) y al entonces titular de Industria, Eduardo Arasti, y también a Jorge Gómez de Cos, gerente del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria (ICAF), una de las entidades públicas dependiente del Gobierno regional de la que salieron fondos para Ecomasa.

Así, por ejemplo, y en línea con otros grupos, el PRC sostiene que se ha producido una "gestión fraudulenta" que conllevó a una "clara malversación de fondos públicos urdida" entre Gómez de Cos y los promotores privados del proyecto Jesús Lavín y Andrés de León para "beneficiar" a estos empresarios y "perjudicar los intereses de los cántabros y de los trabajadores"

El PSOE apunta que Gómez de Cos contribuyó en las operaciones financieras y en el "entramado" empresarial y societario que constituyeron De León y Lavín para "sacar dinero de Cantabria", que en principio iba dirigido a apoyar la fábrica de estufas de Maliaño, y destinarlo a otras de las empresas del grupo.

Cs también ha criticado la actuación de Gómez de Cos y Podemos le ve "colaborador y cooperador necesario" de Lavín y de De León para que éstos pudieran conocer las "debilidades" del Gobierno de Cantabria y de sus entidades públicas y conseguir dinero de los cántabros.

Respecto a las acusaciones de los otros grupos contra Gómez de Cos, el PP ha considerado que éstas tienen "mucho delito" y ha opinado que solo el hecho de que éstas se hayan dicho en sede parlamentario les va a librar a estos partidos de que el afectado se querelle contra ellos.

VOTO PARTICULAR DEL PP Y CRÍTICAS AL PRC

Los 'populares' han visto rechazadas sus conclusiones al considerar que éstas eran "noveladas", como ha apuntado el PSOE, o que no podían extraerse de lo acontecido durante los dos años que ha durado la comisión de investigación de Ecomasa ni de las 43 comparecencias que ha incluido. "Las conclusiones que hace el PP son de otra comisión de investigación", ha ironizado el diputado de Podemos José Ramón Blanco.

El PP se ha reafirmado en las conclusiones presentadas, que consideran que en la comisión de investigación sobre Ecomasa-Nestor Martin "ha quedado acreditado de forma concluyente" que la actuación pública ha sido "intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones"

Para el PP, a los que han "montado" la comisión de investigación de Ecomasa, que ha concluido este miércoles, les ha salido "el tiro por la culata". "Han venido a buscar tres pies al gato y no han encontrado ni al gato", ha afirmado Van den Eynde, que las conclusiones introducidas en el dictamen y que serán remitidas a la Fiscalía son "invenciones calenturientas" que tendrán el mismo "efecto" que si lo que se manda al Ministerio Fiscal es una "caja de sobaos"

Los 'populares' han criticado los "cambios" introducidos por el PRC en sus conclusiones, en las que, por ejemplo, han pasado de señalar que lo sucedido con este proyecto era una "estafa" de 18 millones de dinero público de los cántabros y de 3,2 de los trabajadores despedidos de Teka que pasaron a la fábrica de estufas a llamarlo "operación que ha generado unas pérdidas" por ese montante.

"No es lo mismo estafa, que perder dinero", ha subrayado el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, que se ha preguntado "qué rigor" tenían las conclusiones del PRC "si las pueden cambiar por votos". "Yo no hubiera cambiado mis conclusiones", ha afirmado este diputado popular.

También los regionalistas han pasado de afirmar que hubo "intimidación, coacción y engaño" a los trabajadores de Teka para que pasaran a Ecomasa a decir que lo que hubo fue "intimidación, presiones y engaños" a éstos.

Mientras que para Van den Eynde, estos "cambios" del PRC a sus conclusiones supone un final "épico" a esta comisión de investigación, los regionalistas han minimizado la trascendencia de estas modificaciones.

Así, la diputada del PRC Rosa Valdés ha negado que estas modificaciones supongan haber cambiado las conclusiones y su compañero de grupo Francisco Ortiz ha defendido que se han hecho "en aras" de conseguir un acuerdo sobre las mismas y ha asegurado que, pese a haber suprimido estos términos, consideran que "realmente se estafó y se coaccionó a los trabajadores de Teka"

PODEMOS PIDE QUE SE RECONOZCA A TRABAJADORES COMO "VÍCTIMAS"

Además del voto particular del PP, Podemos mantiene también un voto particular en relación a su petición de que los trabajadores despedidos de Teka que fueron a parar a Ecomasa sean considerados "víctimas" y "afectados" del "mal funcionamiento" de la Administración.

Esta solicitud de los podemitas ha contado con el apoyo del PP, no así con el de PRC, PSOE y el diputado de Cs, Rubén Gómez, por lo que ha sido rechazada en Comisión.

Los podemitas reclaman que se les debe prestar el apoyo necesario para que puedan conseguir por la vía judicial o extrajudicial el reintegro de as cantidades que no hubieran sido recuperadas a través del Fondo de Garantía Social. Y es que, a juicio de la formación morada, si esto no se introduce en el dictamen, la comisión "no habrá valido de nada"

Podemos solo ha contado en esta petición con el apoyo del PP, no así del PSOE, PRC o del diputado de Ciudadanos al considerar que son los tribunales los que deben decidir sobre esta cuestión.

Con la sesión de este miércoles, ha concluido la comisión de investigación de Ecomasa impulsada en primera instancia por Podemos y cuya creación se aprobó por unanimidad en febrero de 2016 en el Parlamento y se constituyó el 1 de julio de ese año.

El fiscal del caso 'Ecomasa-Nestor Martin' ve indicios de la comisión de posibles delitos de administración desleal societaria y en su caso insolvencias punibles en la actuación de Jesús Lavín y Andrés de León, propietarios de la empresa de estufas, que recibió 18 millones de euros de dinero público y otros tres millones de Teka por la recolocación de 88 trabajadores. Fallida empresa dedicada a la construcción de estufas que apenas contó con dos años de andadura y que se instaló en la avda. de la Cerrada en Maliaño (en la FOTO interior de la fábrica)

En concordancia con este pronunciamiento del fiscal, la jueza del caso Ecomasa ha rechazado el archivo de las actuaciones, solicitado por la representación procesal de Lavín, y ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil el informe de calificación del concurso de acreedores de Ecomasa World Investments (EWI) presentado por la administración concursal, para incorporarlo a la causa.

Así lo acuerda la magistrada Mercedes Composito, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, en sendos autos fechados el 10 y 11 de mayo, a los que ha tenido acceso Europa Press, en ambos casos en consonancia con el informe del fiscal, que se opone a la petición de sobreseimiento y archivo formulada por las partes defensoras.

En un primer auto, la jueza accede parcialmente a la petición de la acusación particular, ejercida por el comité de empresa de EWI, y acuerda remitir exhorto al Juzgado de lo Mercantil --que ha señalado el juicio del concurso de acreedores para el 11 de septiembre--, para que remita el informe de calificación del administrador concursal de EWI --que solicita la declaración de concurso culpable, igual que la Fiscalía--.

En consonancia con el Ministerio Público, la magistrada señala que, si bien es cierto que la calificación de la insolvencia en el proceso concursal no vincula la jurisdicción penal, constituye "una diligencia idónea para el adecuado esclarecimiento de los hechos y fundamentalmente del delito de administración desleal que está siendo investigado, además de la relevancia que pueda tener la documentación que acompaña al informe"

"UTILIDAD Y PERTINENCIA FUERA DE TODA DUDA"

En la misma línea, el fiscal considera "fuera de toda duda la utilidad y pertinencia" del informe de calificación del administrador concursal, que -recuerda- "ni siquiera es vinculante para el juez del concurso"

Sin embargo, la jueza instructora considera que no procede extender la petición de la acusación particular al concurso de Ecomasa Europe. Y rechaza igualmente la solicitud de incorporar a la causa el informe elaborado por el auditor del Gobierno de Cantabria relativo a la gestión del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) durante los años 2010 a 2012 sobre Ecomasa, al entender la instructora improcedente dicha diligencia, dados los "numerosos informes periciales que ya obran en autos" relativos a la inversión pública realizada en EWI.

En un segundo auto fechado al día siguiente del primero, la magistrada se pronuncia sobre el archivo de las actuaciones solicitado por la representación procesal de Lavín, señalando que "no ha lugar en este momento a realizar pronunciamiento alguno" al respecto "al no haber finalizado la instrucción"

En ese sentido, añade que no se han practicado todas las diligencias necesarias, encontrándose la causa pendiente de incorporar el informe de la administración concursal relativo al concurso voluntario de EWI.

El primer auto se puede recurrir ante el propio juzgado o ante la Audiencia provincial, y el segundo únicamente ante la propia instructora.

Se siguen sucediendo las valoraciones de los grupos políticos en torno a la comisión de investigación Ecomasa-Martin. La comisión de investigación de Ecomasa, por cierto, debatirá las conclusiones de los grupos el 16 de mayo.

Si en un artículo anterior nos hacíamos eco de las opiniones de Podemos y Ciudadanos, ampliamos ahora con la postura al respecto de PRC y PSOE, que básicamente coinciden en el diagnóstico, culpando al ejecutivo de Ignacio Diego, y del PP que opina lo contrario.

El PRC pide la dimisión de Diego como “máximo responsable” de “la estafa” de 21,2 millones de euros de Ecomasa y que la Fiscalía investigue el destino de los fondos públicos y de los trabajadores

Los regionalistas consideran “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “beneficiarles”

El PP, por otra parte, El PP considera "intachable" la actuación pública en Ecomasa. Van den Eynde pide para Diego "el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Revilla en el caso GFB, Racing o Cantur". Habla de pérdida de dinero 'magnificada' y carga el peso de la responsabilidad en la liquidación de Ecomasa en el PRC-PSOE.

DEBATE DE LA CONCLUSIONES SOBRE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EL 16 DE MAYO

Las conclusiones elaboradas por los grupos parlamentarios sobre la comisión de investigación de Ecomasa-Nestor Martin, que se ha celebrado en el Parlamento de Cantabria desde el 1 de julio de 2016, se debatirán en la propia comisión el próximo 16 de mayo, miércoles, a las 10 horas, y después habrá un último debate en el Pleno.

PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos han señalado como máximo responsable político del fallido proyecto al expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, que asumió esa responsabilidad en su comparecencia. El PRC ha ido más allá y ha pedido su dimisión de los cargos públicos que ostente en la actualidad (es diputado).

Por su parte, el PP ha defendido que la actuación pública fue "intachable", y su portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha pedido que se aplique a Diego "el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya", es decir, ninguno.

El PP considera que la cuantificación de la pérdida de la aportación pública a raíz de la quiebra de Ecomasa, "ha sido magnificada por intereses políticos".

Al respecto, señala que cuando se habla de 18 millones de euros de dinero público "no se tiene en consideración" que existió una actividad empresarial durante varios años, "con el consiguiente retorno de una parte sustancial de la aportación pública (pagos de los costes laborales, impuestos, pagos de intereses de la deuda, etc.)"

Añade que está pendiente de sentencia el pleito en la Corte Francesa por estafa contra Wanders y sus auditores, lo que permitiría, en su caso, una recuperación de los más de cuatro millones de euros invertidos en la compra del 50% del capital de la compañía.

Tanto el PRC como su socio de gobierno, el PSOE, piden específicamente en sus conclusiones que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el "paradero" del dinero público aportado por el Gobierno -18 millones de euros- y del procedente de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka recolocados en Ecomasa -3,2 millones-, con el fin de que sea devuelto y para depurar las responsabilidades penales oportunas.

Además, los regionalistas consideran que la Fiscalía debe investigar el destino de las cantidades aportadas tanto por el Gobierno de Cantabria como las derivadas de las indemnizaciones de los trabajadores, con el objeto de que sean devueltas, y para que, si se apreciase la comisión de algún delito, se depuren las responsabilidades penales oportunas.

Así lo ha dado a conocer hoy el portavoz regionalista en la Comisión de Investigación de Ecomasa, Francisco Ortiz, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado del portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y la diputada regionalista Rosa Valdés integrante de dicha comisión, para dar a conocer las conclusiones a las que ha llegado el Grupo Regionalista después de analizar la documentación remitida y escuchados los 43 comparecientes.

Los regionalistas consideran “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “captar los fondos públicos y beneficiar” a De León y Lavín, que fueron descritos por Diego como empresarios “de éxito” y “con garantías”.

Fuentes parlamentarias han explicado que el dictamen que apruebe el Pleno se elevará de forma automática a la Fiscalía. Estas mismas fuentes han indicado que en los próximos días habrá negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios para intentar consensuar una propuesta de dictamen.

El acuerdo es obligado dado que ningún grupo por separado suma la mayoría absoluta necesaria para aprobarlo. El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Ciudadanos, no ha registrado conclusiones porque no ha formado parte de la comisión.

Impulsada en primera instancia por Podemos, la creación de esta comisión de investigación se aprobó por unanimidad en febrero de 2016.

Desde su constitución el 1 de julio de ese año, han comparecido un total de 43 personas, entre ellos los interventores del Gobierno de Cantabria; los representantes de los trabajadores de Ecomasa y Teka; los dueños de Ecomasa: Andrés de León y Jesús Lavín; y los administradores concursales.

También responsables de Sodercan y del Instituto Cántabro de Finanzas, entre ellos el entonces director del ICAF, Jorge Gómez de Cos, a quien varios grupos parlamentarios señalan como "responsable directo" por la "relación de amistad y profesional que le unía a uno de los propietarios de Ecomasa"

Por parte del anterior Gobierno del PP comparecieron Diego y sus consejeros de Industria, Eduardo Arasti, y Economía y Hacienda, Cristina Mazas, y por parte del actual Gobierno PRC-PSOE, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, y Salvador Blanco, que por aquel entondes todavía era director de Sodercan.

Los partidos comienzan a hacer públicas sus consideraciones en torno a los resultados de la comisión de investigación creada para esclarecer lo ocurrido en Ecomasa, fallida tentativa empresarial dedicada a la fabricación de estufas que se instaló en la Cerrada de Maliaño y en el que se 'esfumaron' 18 millones de euros de dinero público. Entre los primeros en opinar, Podemos y Ciudadanos, a través de sus respectivos portavoces parlamentarios.

La formación morada, a través de su José Ramón Blanco, ha pedido que se indemnice a los trabajadores de Ecomasa el dinero que no hayan recibido aún del FOGASA.

Ciudadanos, a través de Rubén Gómez, señala a Ignacio Diego (PP) como máximo responsable político en sus conclusiones sobre Ecomasa y llama la atención sobre el “negligente control” del ICAF en toda la evaluación del proyecto.

NOTA: En la FOTO de archivo de esta noticia visita a la empresa 'Ecomasa-Nestor Martin' del entonces presidente del Gobierno regional Ignacio Diego, al mes justo de la puesta en marcha de la actividad productiva. Entonces nada parecía presagiar la suerte que finalmente correría la empresa y sus trabajadores

PODEMOS

Podemos quiere que se indemnice a los trabajadores de Ecomasa por un funcionamiento anormal de la administración y que se les abone el dinero que aún no ha obtenido a través del FOGASA, ya que se debe reconocer que los 3.289.719€ que fueron entregados por Teka provenían de las indemnizaciones de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa.

“Ellos no deben pagar por un plan de negocio que resultó ruinoso para ellos y para la Administración Regional, que ya ha asumido que es imposible recuperar buena parte de las inversiones”, ha explicado José Ramón Blanco quien ha hecho referencia al testimonio del presidente y secretario del Comité de Empresa “nunca tuvieron acceso a los informes de viabilidad entre otros de la empresa y que sólo aceptaron incorporarse al proyecto de Ecomasa por el aval del ex presidente Ignacio Diego y su Gobierno, que les aseguraron la viabilidad, presionados y apremiados para tomar esta decisión en dos días, por lo que deben devolverles su dinero”

Esta son dos de las primeras conclusiones de Podemos, que se derivan de la comisión de investigación sobre el caso Ecomasa-Néstor Martín que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria desde noviembre de 2016 y finalizará en mayo con la presentación de las conclusiones de todos los grupos parlamentarios.

Además, quieren que se analicen las responsabilidades de todo tipo que puedan tener Jorge Gómez de Cos, director general del ICAF, quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, “continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa”. Así mismo, también quieren que se depuren las responsabilidades que pudieran tener Eduardo Arasti, entonces consejero de Industria y Cristina Mazas, titular en esa época de la consejería de Economía, “responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria”.

También incluyen al entonces presidente, Ignacio Diego, promotor inicial del proyecto que dio luz verde al mismo y al que consideran responsable del fracaso del proyecto, responsable de autorizar y promover en un primer momento, un proyecto “basado en ilusiones y esperanzas hipotecando la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas”.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.

José Ramón Blanco ha indicado que esta comisión de investigación ha confirmado que la solicitud de avales en Ecomasa fue realizada ante la administración regional sin soporte documental suficiente, ni informe económico, ni estudio de aspectos técnicos, industriales y comerciales de un tercero, limitándose aportar un documento sobre garantías con incidencias, y una resolución que declaraba estratégica la operación. Además, en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de fecha 4 de octubre 2013 ya se detectaban “serios problemas en la consolidación del negocio, reducida liquidez y por tanto elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de pago de futuros derivados del contrato de Prestamos del ICAF"

Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el Concurso de Acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de “importantes” préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.

CIUDADANOS

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Rubén Gómez, ha criticado la “falta de competencia del Gobierno de Cantabria para controlar qué es lo que estaba pasando con Ecomasa” y ha puntualizado que “la máxima responsabilidad política acerca de esta operación recae sobre el que fuera entonces presidente de Cantabria”, el popular Ignacio Diego, y de los directores del ICAF y SODERCAN, puesto que “ellos estaban al frente de las negociaciones”

Gómez se ha referido a la “mala gestión” del Instituto de Finanzas (ICAF) en las conclusiones que ha registrado en el Parlamento de Cantabria tras la comisión de investigación que ha tenido lugar en relación a la quiebra de Ecomasa y ha llamado la atención acerca del “negligente control” de este organismo público “en todo lo que ha sido la evaluación del proyecto”.

“Cuando se dieron cuenta ya era muy tarde y, desgraciadamente, no había posibilidad de solución para la empresa”, ha puntualizado.

Asimismo, las conclusiones del portavoz parlamentario de Cs Cantabria han apuntado a la “carencia de controles por parte de la administración”, ya que “el informe de la intervención general  llegó a decir que ni siquiera existía la petición de aval por parte de los promotores de Ecomasa para que el ICAF lo otorgara”. En este sentido, ha subrayado que “uno de los principales problemas en todo el proceso ha sido la incomunicación total y absoluta entre las empresas publicas que han gestionado la operación”, en referencia a SODERCAN y el propio ICAF.

El grupo parlamentario de Podemos Cantabria pide a través de un comunicado que se abone a los trabajadores del proyecto fallido de Ecomasa el dinero que aportaron de sus indemnizaciones cuando fueron recolocados tras salir de Teka: un total de 3.289.719 € que Teka cedió a la firma 'Nestor Martin' correspondiente a las indemnizaciones que debieron percibir estos empleados por sus despidos. En la FOTO de portada de esta noticia, trabajadores de Ecomasa en el 'hall' de entrada el día en que se hizo público el despido 'oficial' de la plantilla.

“Ellos no deben pagar por un plan de negocio que resultó ruinoso para ellos y para la Administración Regional, que ya ha asumido que es imposible recuperar buena parte de las inversiones”, ha explicado el portavoz parlamentario de Podemos José Ramón Blanco, quien ha hecho referencia al testimonio del presidente y secretario del Comité de Empresa “nunca tuvieron acceso a los informes de viabilidad entre otros de la empresa y que sólo aceptaron incorporarse al proyecto de Ecomasa por el aval del ex presidente Ignacio Diego y su Gobierno, que les aseguraron la viabilidad, presionados y apremiados para tomar esta decisión en dos días, por lo que deben devolverles su dinero”

Ésta es una de las primeras conclusiones de Podemos, que se derivan de la comisión de investigación sobre el caso 'Ecomasa-Nestor Martin' que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria desde noviembre de 2016 y finalizará el próximo mes de mayo con la presentación de las conclusiones de todos los grupos parlamentarios.

Además, quieren que se analicen las responsabilidades que puedan tener Jorge Gómez de Cos, director general del ICAF, quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, “continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa”

Así mismo, también quieren que se depuren las responsabilidades que pudieran tener Eduardo Arasti, entonces Consejero de Industria y Cristina Mazas, titular en esa época de la consejería de Economía, “responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria”. También incluyen al entonces presidente, Ignacio Diego, promotor inicial del proyecto que dio luz verde al mismo.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.

Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el Concurso de Acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de “importantes” préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.

José Ramón Blanco ha indicado que esta comisión de investigación ha confirmado que la solicitud de avales en Ecomasa fue realizada ante la administración regional sin soporte documental suficiente, ni informe económico, ni estudio de aspectos técnicos, industriales y comerciales de un tercero, limitándose aportar un documento sobre garantías con incidencias, y una resolución que declaraba estratégica la operación.

Además, en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de fecha 4 de octubre 2013 ya se detectaban “serios problemas en la consolidación del negocio, reducida liquidez y por tanto elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de pago de futuros derivados del contrato de Prestamos del ICAF"